Comité de la Cámara Baja avanza proyecto que endurece el asilo

Datos clave

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes abordó el 22 de julio el proyecto de ley "Permanent Trump Secure Border Act", una medida que revive gran parte de un paquete migratorio republicano de la Cámara Baja de 2023 que nunca fue aprobado en el Senado. La versión actual impondría sanciones a los titulares de visas que permanezcan en el país más de 10 días después de su vencimiento, ampliaría la autoridad del secretario de Seguridad Nacional sobre las decisiones de deportación y asilo, y permitiría al gobierno deportar a personas a países distintos al suyo incluso sin un acuerdo formal con esa nación. También exigiría que los solicitantes de asilo demuestren que no transitaron por otro país donde pudieran haber solicitado protección antes de llegar a Estados Unidos. A diferencia de la versión de 2023, este proyecto descarta los fondos para el muro fronterizo y el requisito obligatorio de E-Verify para los empleadores, disposiciones que habían dividido a los republicanos por preocupaciones sobre la mano de obra agrícola.

Contexto

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha utilizado el proyecto de ley para asegurar el respaldo del representante Chip Roy, un legislador de línea dura en temas fronterizos que ha presionado para aprobar medidas migratorias más estrictas antes de que termine el actual Congreso, a cambio del apoyo de Roy a un paquete de reconciliación presupuestaria independiente de $70 mil millones para financiar las operaciones de ICE y Border Patrol durante los próximos tres años, el cual ya fue aprobado en el Senado. Mientras tanto, los tribunales de inmigración están rechazando las solicitudes de asilo a una tasa cercana al 94% a mayo de 2026, un contexto en el que las barreras adicionales de la propuesta complican aún más un camino que ya es difícil para obtener protección.

Qué significa esto

De aprobarse, la disposición de deportación a terceros países permitiría al gobierno enviar a personas a naciones sin un acuerdo formal de retorno, lo que aumentaría las probabilidades de expulsión a lugares donde los deportados no tienen vínculos, no dominan el idioma o carecen de garantías de seguridad. La sanción por exceder la estadía por más de 10 días reduciría drásticamente el margen de error para los titulares de visas cuya salida se retrase por vuelos, trámites o emergencias personales, convirtiendo lo que antes era un problema administrativo en motivo de sanción. Los solicitantes de asilo enfrentarían una carga más pesada para demostrar que califican, sumado a que los tribunales ya están negando la gran mayoría de las solicitudes.

Qué sigue

El proyecto de ley todavía debe ser aprobado por el pleno de la Cámara de Representantes y luego por el Senado, donde su predecesor se estancó en 2023, por lo que nada cambia de inmediato. Los titulares de visas deben vigilar cuidadosamente las fechas de su estadía autorizada y consultar a un abogado de inmigración con suficiente anticipación a cualquier fecha límite. Se espera que los grupos defensores de derechos movilicen testimonios de oposición a medida que el proyecto avance en el comité.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de NOTUS; los datos y las citas son de la nota original.