Congelación de $65 millones amenaza la ayuda legal para niños migrantes

Datos clave

La Office of Refugee Resettlement del Department of Health and Human Services ha retenido más de $65 millones en fondos asignados por el Congreso para el programa de asistencia legal a menores inmigrantes no acompañados desde diciembre, según informan proveedores de servicios legales. El Acacia Center for Justice, que coordina a cerca de 100 organizaciones sin fines de lucro y firmas legales subcontratadas en todo el país para representar a menores en los tribunales de inmigración, afirma que solo a su organización se le adeudan más de $20 millones. El contrato de Acacia con el gobierno federal vence el 31 de julio y la administración no ha anunciado un reemplazo. Los abogados señalan que cerca de 20,000 menores ya se han quedado sin representación financiada desde enero, y miles más podrían perder a sus defensores cuando venza el contrato.

Contexto

Este programa, con casi dos décadas de existencia, opera debido a que los menores no acompañados que enfrentan procesos de deportación, algunos de ellos de muy corta edad, no tienen garantizado el derecho a un abogado de oficio como ocurre con los acusados en casos penales. La directora ejecutiva de Acacia, Shaina Aber, señala que el gobierno ha dejado de reembolsar a los proveedores por el trabajo ya realizado, a pesar de que un tribunal federal bloqueó un intento previo de cancelar el programa de manera definitiva. La administración ha sostenido que la demora en los fondos responde a solicitudes de información, pero las organizaciones legales argumentan que parte de lo requerido está protegido por el secreto profesional entre abogado y cliente. La exjueza de inmigración Elizabeth Young destaca que los menores sin representación legal logran el derecho a permanecer en el país en menos del 10% de los casos, en comparación con tasas mucho más altas cuando cuentan con un abogado.

Qué significa esto

Para los menores no acompañados que ya se encuentran en procesos migratorios, la congelación de fondos implica que muchos ahora deben tramitar solos solicitudes complejas de asilo o de estatus especial de inmigrante juvenil, enfrentándose a fiscales del gobierno dentro de un sistema legal diseñado para adultos. Para la red de organizaciones sin fines de lucro que ha operado este programa durante años, las facturas sin pagar están llevando a algunas entidades al borde del cierre, lo que podría reducir de forma permanente la cantidad de grupos capacitados para asumir estos casos, incluso si se reactiva el financiamiento. Para el sistema de tribunales de inmigración en general, los menores que se representan a sí mismos suelen generar audiencias más prolongadas y resultados desfavorables, lo que incrementa la sobrecarga en una agenda judicial ya saturada.

Qué hacer a continuación

Las familias de menores no acompañados con casos de inmigración pendientes deben consultar directamente a su proveedor de servicios legales sobre el estado de su financiamiento y si la representación continuará después del 31 de julio. Si un proveedor cierra o se retira del caso, las familias deben comunicarse de inmediato con organizaciones locales de asistencia legal sin fines de lucro, clínicas de inmigración de facultades de derecho o programas de derivación pro bono de los colegios de abogados estatales, ya que los plazos de la corte de inmigración continúan su curso sin importar si el menor cuenta con un abogado.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de KJZZ / Fronteras Desk; los datos y las citas son de la nota original.