Multas del DHS superan $84 mil millones al recortar plazos de notificación

Datos clave

Desde el 20 de enero, el Department of Homeland Security ha enviado notificaciones de multas civiles a más de 100,000 personas que permanecieron en el país después de que un juez de inmigración ordenó su deportación. La sanción es de $998 por cada día de presencia no autorizada, con un límite legal máximo de cinco años que puede alcanzar $1.8 millones por persona. DHS señala que el monto total facturado hasta ahora supera los $84 mil millones, aunque a mediados de julio solo había recaudado cerca de $1.2 millones. La agencia ha reducido el plazo de notificación que reciben los destinatarios antes de que inicien las medidas de cobro, que incluyen cobradores de deudas, retención de reembolsos de impuestos y embargo de salarios, otorgando a las personas aproximadamente 15 días hábiles para disputar una multa. Los inmigrantes que opten por salir voluntariamente mediante una aplicación de autodeportación de DHS pueden obtener la anulación de sus multas y recibir un pago de $2,600 más un vuelo a su país de origen.

Contexto

La facultad legal para imponer multas no es nueva; el Congreso la creó en 1996 con un monto de $500 por día, y la actual administración la reactivó mediante una orden ejecutiva en su primer día de regreso al cargo, con una aplicación más estricta que durante su primer mandato. Lo que ha cambiado es la escala y la rapidez: DHS ahora tramita decenas de miles de casos de manera simultánea y recurre a agencias privadas de cobro en lugar de esperar el pago voluntario. Abogados de inmigración señalan que las multas han llegado a personas con solicitudes humanitarias pendientes, permisos de trabajo y sin antecedentes penales, y no solo a quienes evaden a las autoridades. Un caso ampliamente reportado involucró a un inmigrante mexicano con 17 años en el país y tres hijos ciudadanos estadounidenses, quien recibió una notificación de $1.8 millones a pesar de tener una solicitud de visa activa; posteriormente, un abogado logró que se cancelara la multa. Demandas actualmente en curso sostienen que las multas violan el debido proceso y la prohibición de la Octava Enmienda contra las sanciones excesivas.

Qué significa esto

Para cualquier persona con una orden final de deportación que no haya salido del país, este programa convierte el tiempo no autorizado en el territorio en una deuda acumulativa, potencialmente de seis cifras, que puede perseguirla mediante el embargo de salarios o la retención de reembolsos de impuestos, incluso años después. La reducción del plazo de respuesta significa que una notificación de multa requiere atención inmediata y no debe dejarse de lado. Debido a que las notificaciones se han enviado a personas con procesos legales pendientes, recibir una no significa necesariamente que el caso haya concluido o que no existan otras opciones.

Qué hacer a continuación

Cualquier persona que reciba una notificación de multa por no haber salido del país debe comunicarse de inmediato con un abogado de inmigración, ya que el plazo de 15 días hábiles para impugnarla es breve y se han documentado errores, como multas enviadas a personas con solicitudes activas. Las organizaciones de asistencia legal sin fines de lucro pueden ayudar a determinar si un caso pendiente, una solicitud de visa u otro estatus afecta la validez de la multa antes de decidir si se recurre a la autodeportación, se disputa la deuda o se combate en los tribunales.

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