Corte autoriza deportaciones aceleradas para migrantes con permiso del periodo Biden

Datos clave

El 11 de agosto, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de D.C. levantó el bloqueo impuesto por un tribunal inferior a las directrices que permiten la deportación acelerada (un proceso expedito que omite una audiencia completa ante un tribunal de inmigración) para los migrantes que ingresaron al país mediante los programas de parole de la administración Biden para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Contexto

El panel no se pronunció sobre si aplicar la deportación acelerada a los beneficiarios de parole es justo o legal. En cambio, determinó que las organizaciones defensoras que demandaron carecían de legitimidad procesal, debido a que solo impugnaron las directrices más recientes y no una norma independiente vigente desde 1997, la cual ya clasifica a los beneficiarios de parole como "arriving aliens" (extranjeros que llegan) sujetos a deportación acelerada. Dado que invalidar las directrices recientes no habría impedido que el gobierno recurriera de todos modos a la normativa de 1997, los jueces determinaron que la demanda no podía otorgar la solución solicitada por los demandantes. Otra impugnación legal dirigida específicamente contra la regulación de 1997 continúa pendiente ante un juez de un tribunal inferior, quien aún no ha emitido un fallo.

Qué significa esto

Para los cientos de miles de personas que ingresaron bajo estos programas de parole, las consecuencias prácticas son considerables: ahora pueden ser sometidas al proceso de deportación acelerada, lo que implica que la expulsión puede concretarse sin la audiencia completa ante un juez de inmigración a la que muchas esperaban tener acceso. La deportación acelerada únicamente contempla una evaluación limitada, por lo general una entrevista de temor creíble, antes de la expulsión, y con frecuencia conlleva la detención durante el proceso. Este fallo no cancela de forma directa el estatus de parole de nadie, pero retira la protección legal que resguardaba a los beneficiarios de esta vía rápida de expulsión mientras continúa el litigio de fondo.

Qué hacer a continuación

Toda persona con estatus de parole bajo estos programas debe verificar cuanto antes su situación actual y cualquier solicitud pendiente de asilo, TPS u otro recurso legal con un abogado de inmigración, ya que contar con un caso activo en otra instancia del sistema puede modificar la aplicación de la deportación acelerada. Como la normativa de 1997 aún se encuentra bajo disputa legal por separado, las recomendaciones jurídicas pueden variar con rapidez, por lo que es fundamental consultar con frecuencia a un proveedor confiable de servicios legales de inmigración. Las organizaciones comunitarias dedicadas a las poblaciones cubana, haitiana, nicaragüense y venezolana representan una fuente útil para recibir información actualizada sobre este fallo.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Bloomberg Law; los datos y las citas son de la nota original.