DHS permitirá evaluar uso de beneficios públicos al tramitar la residencia

Datos clave

El Department of Homeland Security ha finalizado una norma que revoca la regulación de carga pública de 2022, publicándola en el Federal Register el July 20 con fecha de entrada en vigor el Sept. 18, 2026. Conforme a la nueva norma, los funcionarios de USCIS que revisen ciertas solicitudes de green card podrán tomar en cuenta si un solicitante recibió, o es probable que reciba, beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, incluidos Medicaid, asistencia nutricional de SNAP y subsidios de vivienda. La norma de 2022 había excluido de manera explícita esos programas específicos, considerando únicamente la asistencia económica en efectivo y la atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno. USCIS indicó que también publicará una versión revisada del Form I-485, la solicitud central de green card, y dejará de aceptar versiones anteriores una vez que la norma entre en vigor.

Contexto

La "carga pública" es una causa de inadmisibilidad de larga data: si un funcionario determina que un solicitante tiene probabilidades de pasar a depender principalmente de la ayuda estatal, la solicitud puede ser denegada. El alcance con el que se aplica este criterio ha oscilado entre administraciones durante años; una ampliación casi idéntica implementada durante la primera administración de Trump en 2019 fue bloqueada y desbloqueada repetidamente por los tribunales antes de ser retirada y sustituida por la norma más acotada de 2022 que ahora se revoca.

Qué significa esto

La norma no es retroactiva: se aplica según la fecha en que se presenta el caso, no cuando se decide. Un I-485 presentado antes del Sept. 18 se evalúa según el criterio actual, más acotado; uno presentado en esa fecha o después enfrenta la revisión más amplia. Esto convierte a la fecha de presentación en una decisión crucial para los solicitantes que han recurrido o dependen actualmente de Medicaid, SNAP o subsidios de vivienda, ya que un caso idéntico podría tener un resultado distinto según de qué lado de esa fecha se registre. Los funcionarios continuarán evaluando la situación integral (la edad, la salud, los ingresos, la educación y la declaración jurada de patrocinio económico son factores determinantes), por lo que el uso de beneficios por sí solo no descartará automáticamente una solicitud, pero sí sumará un factor adverso para un caso que ya se encuentre en una situación límite.

Pasos a seguir

Los solicitantes que presenten trámites de green card basados en la familia o el empleo y que actualmente reciban Medicaid, SNAP o vivienda subsidiada deben consultar cuanto antes con un abogado de inmigración si es factible presentar la solicitud antes del Sept. 18. No deben darse de baja de los beneficios a los que ellos o sus hijos ciudadanos estadounidenses tienen derecho legal sin entender primero las normas: muchos beneficios recibidos por menores, o utilizados únicamente para atención médica de emergencia, no se consideran de ningún modo para determinar la carga pública.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de U.S. Citizenship and Immigration Services; los datos y las citas son de la nota original.