El DHS vigiló en secreto a manifestantes contra ICE, según documentos

Datos clave

Documentos judiciales hechos públicos esta semana describen una operación encubierta del Department of Homeland Security, denominada internamente Operation Puppet Master, que vigiló a organizaciones opuestas a las acciones de control de ICE en el área de Minneapolis-St. Paul. La operación se llevó a cabo durante el despliegue de control a gran escala de DHS en la región, que movilizó a unos 3,000 agentes federales a partir de finales de 2025. Según los documentos, los agentes se infiltraron en reuniones celebradas en iglesias, escuelas y parques, monitorearon grupos de chat de activistas, recopilaron datos de placas vehiculares para identificar a los asistentes y recurrieron a citaciones judiciales para obtener registros financieros vinculados a varias organizaciones, incluidos sindicatos nacionales y un grupo de defensa del medio ambiente. Una presentación de la investigación identificó a 18 organizaciones como objetivos, desde un pequeño colectivo de reparación de bicicletas hasta una de las federaciones laborales más grandes del país.

Contexto

La vigilancia salió a la luz en el marco de un caso federal independiente en el que 15 personas fueron acusadas en junio de obstruir operativos de control migratorio, señaladas por actos que incluyeron bloqueos y, en un caso, el lanzamiento de bloques de hielo contra los agentes. Los abogados defensores que revisaron los archivos de la investigación afirman que no hallaron pruebas de que las organizaciones o personas vigiladas participaran en actividades ilícitas o de conspiración; por el contrario, la actividad documentada consistió principalmente en labores de organización amparadas por la constitución y en la discusión de logística y desescalada para protestas. El abogado de uno de los acusados solicitó a un tribunal que declare la operación jurídicamente desmedida.

Qué significa esto

Para las organizaciones comunitarias, los sindicatos y los voluntarios involucrados en la defensa de los derechos de los inmigrantes, este caso demuestra que participar en actividades de protesta legítimas, reuniones o redes de ayuda mutua puede detonar una vigilancia federal continua, incluidas infiltraciones y solicitudes formales de registros financieros, aun cuando no existan acusaciones de irregularidades contra la organización en sí. Esto tiene consecuencias prácticas: quienes asistan a manifestaciones o asambleas deben considerar que sus placas vehiculares y su presencia podrían quedar registradas, y las organizaciones deben evaluar con cautela los temas tratados en sus comunicaciones internas y financieras. Se trata de un tema más amplio de libertades civiles que de un asunto de estatus migratorio individual, pero afecta de manera directa a inmigrantes y familias de estatus mixto que participan en estas redes de apoyo o dependen de ellas.

Qué hacer a continuación

Las organizaciones preocupadas por la vigilancia deben consultar con abogados especialistas en libertades civiles, como los de la ACLU, para conocer las protecciones legales aplicables a sus reuniones, datos de afiliados y registros financieros. Las personas que sospechen haber sido vigiladas o cuya información haya sido recopilada en una investigación federal pueden asesorarse legalmente sobre la presentación de solicitudes bajo la Privacy Act o FOIA para conocer qué registros existen. La causa penal de origen contra los 15 acusados sigue su curso, y los fallos sobre la legalidad de los métodos de vigilancia empleados podrían influir en el desarrollo de operativos similares en otras zonas.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de KNSI Radio (AP); los datos y las citas son de la nota original.