# El DOJ no logra condenar a la mayoría de manifestantes contra ICE

> Un análisis de la agencia Associated Press publicado el 12 de septiembre halla que el DOJ acusó de agresión grave a 102 manifestantes en cuatro ciudades. Los doce casos que llegaron a juicio terminaron en absolución, anulación o desestimación.

Edición: [lunes, 14 de septiembre de 2026](https://diariomigrante.com/edicion/2026-09-14) · Sección: tribunales · Fuente: [Associated Press (via ClickOnDetroit)](https://www.clickondetroit.com/news/national/2026/09/12/as-doj-went-after-protesters-for-felony-assault-juries-and-judges-were-unconvinced/)
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## Datos clave

El sábado 12 de septiembre de 2026, la agencia Associated Press publicó un análisis de los casos penales que el gobierno abrió contra personas detenidas en protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La agencia revisó 167 arrestos. De ese total, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos por agresión grave contra 102 manifestantes en cuatro ciudades: Los Ángeles, Chicago, Portland y Washington D.C.

Doce de esos casos llegaron a juicio. Los doce terminaron en absolución, en anulación del juicio o en desestimación de los cargos. Ninguno terminó en condena por el delito grave imputado.

El 41% de todos los casos fue desestimado. Otro 34% se resolvió cuando la persona aceptó declararse culpable de una falta menor. Solo 10 personas se declararon culpables de agresión grave y 9 recibieron pena de cárcel.

En Chicago, una jueza desestimó los cargos de conspiración contra Michael Rabbitt y reprendió a los fiscales. En California, Jonathan Caravello fue absuelto tras un juicio de tres días. En Portland, el caso de Oriana Korol terminó en anulación y después ella se declaró culpable de una falta menor.

El DOJ respondió que los fiscales deben actuar de manera apropiada cuando existen factores atenuantes, y que eso incluye bajar o retirar cargos.

## Contexto

Conviene entender dos palabras que aparecen en todas estas noticias.

Un delito grave, o "felony" en inglés, es el cargo más serio. Puede llevar años de cárcel y, para una persona que no es ciudadana, puede abrir un caso de deportación.

Una falta menor, o "misdemeanor", es un cargo mucho más leve. Suele resolverse con una multa, servicio comunitario o poco tiempo de cárcel.

Acusar a un manifestante de agresión grave es, entonces, una decisión de peso. El análisis muestra que en la mayoría de los casos esa acusación no se sostuvo cuando un jurado o un juez la examinó de cerca.

Este diario informó en agosto que el DOJ estaba usando una ley de la época de la Guerra Civil para acusar de conspiración a manifestantes. Lo que se conoce ahora es el resultado de esa estrategia en los tribunales.

## Qué significa esto

La lección práctica es que un arresto no es una condena, y que un cargo grave no siempre termina siendo un cargo grave.

Eso importa mucho si usted no es ciudadano. Una condena por delito grave puede abrir un caso de deportación. Un cargo que se desestima o que baja a falta menor no tiene el mismo efecto. Por eso la decisión entre pelear el caso o aceptar rápido lo que ofrece el fiscal puede cambiar su situación migratoria, y no solo su caso penal.

El análisis también muestra que los tribunales siguen revisando el trabajo del gobierno. Varias de estas causas cayeron porque un gran jurado, un grupo de ciudadanos comunes que decide si hay prueba suficiente para acusar, se negó a hacerlo.

Uno de los absueltos dijo que estos cargos buscan un efecto de miedo, es decir, que la gente deje de salir a la calle. Protestar de forma pacífica es un derecho que la Constitución protege para todas las personas que están en el país, sin importar su estatus migratorio.

## Qué hacer ahora

Si usted piensa asistir a una protesta y no es ciudadano, hable antes con un abogado sobre los riesgos. Un caso penal y uno migratorio caminan por separado, pero se afectan entre sí.

Si a usted o a un familiar lo arrestan en una protesta, pida un abogado y no firme nada que no entienda.

Si el caso es penal y usted no es ciudadano, busque un abogado que maneje las dos áreas antes de aceptar cualquier acuerdo con el fiscal.

Guarde el número de caso, el nombre del tribunal, los papeles que le entreguen y los datos de cualquier testigo.

Si no puede pagar un abogado privado, busque organizaciones comunitarias acreditadas por el DOJ.

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