Varios estados pelean en los tribunales por inspeccionar los centros de detención

Datos clave

Varios estados gobernados por demócratas están peleando en los tribunales por algo básico: poder entrar a inspeccionar los centros de detención migratoria que funcionan dentro de sus fronteras.

El gobierno federal responde que los estados no pueden regular instalaciones federales.

Los estados contestan que esos centros no los opera el gobierno, sino empresas privadas contratadas, y que una empresa privada sí tiene que cumplir las reglas de salud y seguridad del estado donde trabaja. Una abogada de la fiscalía de Washington lo resumió así: no se puede contratar para quedar fuera de la ley.

El estado de Washington litiga contra la empresa GEO Group por una ley de 2023 que ordena inspecciones regulares de los centros privados. GEO Group opera cerca de dos docenas de centros de detención migratoria en todo el país.

A los inspectores de salud del estado les han negado la entrada 10 veces desde 2023 al centro de Tacoma. El departamento de salud dice haber recibido más de 3,500 quejas sobre ese lugar. En un escrito judicial de abril, el estado citó denuncias de comida podrida y con insectos, y de solo dos baños funcionando para 100 personas.

Massachusetts aprobó el mes pasado una ley que permite al auditor estatal inspeccionar estos centros. Colorado aprobó en junio otra que aumenta las inspecciones sorpresa y fija una multa civil de hasta 50,000 dólares al centro que no deje entrar a los inspectores.

Colorado demandó a GEO Group el mes pasado por negarle acceso e información sobre un caso confirmado de tuberculosis en su centro de Aurora. Al día siguiente, un juez federal bloqueó parte de la ley de Colorado a pedido de la empresa.

En California, una ley que ordena al fiscal general revisar las condiciones vence el año que viene, y el fiscal general Rob Bonta impulsa que se extienda sin fecha de término.

Contexto

La vigilancia de estos centros se redujo justo cuando creció la detención.

En mayo, el gobierno cerró la Oficina del Ombudsman de Detención Migratoria, creada por el Congreso en 2019 para investigar muertes de detenidos y problemas de atención médica.

Las cifras explican la urgencia. Las autoridades migratorias reportaron 51,000 arrestos en julio, el mes más alto de esta administración. A mediados de julio había más de 65,700 personas detenidas, frente a 37,000 hace dos años.

Un informe del senador Jon Ossoff documentó este año más de mil reportes creíbles de abusos, entre ellos 44 de separación familiar, 206 de negligencia médica, 88 de abuso físico y sexual, y 139 de negación de comida y agua.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es auditado con regularidad por agencias externas y que los detenidos reciben comida, agua, cobijas y atención médica.

Qué significa esto

Si nadie independiente puede entrar, nadie puede verificar. Esa es toda la pelea.

Para una familia con un ser querido detenido, el resultado de estos casos decide algo muy concreto: si existe alguien, fuera de la agencia que lo detiene, con autoridad para revisar la comida, el agua y la atención médica.

Por ahora el mapa está partido. Depende del estado y del juez que le toque al caso.

Qué hacer ahora

Si su familiar está detenido y hay un problema de salud, no se quede solo con la queja interna del centro.

Pida cita médica por escrito dentro del centro y guarde copia de la solicitud.

Llame al departamento de salud de su estado y presente una queja formal. En Washington, Colorado y Massachusetts esas quejas alimentan las inspecciones.

Escriba a la oficina de su senador o representante federal. Los informes del Congreso se construyen con casos individuales como el suyo.

Contacte a una organización legal de detención en su estado y anote siempre la fecha, el nombre del centro y el número de extranjero de su familiar.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Stateline (via The Gilmer Mirror); los datos y las citas son de la nota original.