Una jueza federal declara al gobierno en desacato por dos deportaciones

Datos clave

Una jueza federal declaró al gobierno en desacato civil por haber deportado dos veces al mismo solicitante de asilo, pese a que existían órdenes judiciales que lo protegían.

La decisión es de la jueza federal Stephanie Gallagher, de un tribunal federal en Maryland, y se dio a conocer el viernes 25 de septiembre de 2026.

El hombre aparece en los documentos del caso solo con las iniciales E.L.A., para proteger su identidad. Es originario de El Salvador.

Después de la primera deportación, E.L.A. regresó a Estados Unidos el 7 de agosto de 2026. Más tarde volvió a ser deportado.

La jueza ordenó al gobierno traerlo de nuevo al país y abstenerse de ejecutar cualquier orden de deportación en su contra hasta que su caso de asilo quede resuelto.

Las dos partes deben informar al tribunal sobre el regreso de E.L.A. a más tardar el 2 de octubre de 2026.

El caso nace de una demanda colectiva presentada en 2019 que protege el derecho a pedir asilo de personas que llegaron al país siendo menores de edad y sin la compañía de un adulto.

Según los registros del caso, al menos 107 personas amparadas por ese acuerdo fueron deportadas antes de que se decidieran sus solicitudes de asilo. De ellas, 54 están confirmadas como miembros del grupo protegido y otras 53 fueron señaladas como posibles miembros.

No es la primera vez que ocurre en este mismo expediente. Semanas antes, la misma jueza ya había declarado en desacato al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Contexto

¿Qué es el desacato civil? Es la herramienta que usa un juez cuando una de las partes incumple una orden de la corte. No es un castigo penal ni manda a nadie a la cárcel de forma automática. Su propósito es obligar a cumplir lo que ya se ordenó.

Que un tribunal federal llegue a ese punto contra el gobierno es poco frecuente. Que lo haga dos veces en el mismo caso lo es todavía menos.

El detalle que más pesa es el número: 107 personas. No se trata de un error aislado con una sola persona, sino de un patrón dentro de un grupo que un tribunal ya había declarado protegido.

Qué significa esto

Para quienes están dentro de este grupo, la orden es una protección concreta: sus casos de asilo deben decidirse antes de cualquier deportación.

Para el resto de los lectores, la lección es más amplia y más incómoda. Tener una protección judicial no siempre impide que una deportación ocurra. El papel existe, pero alguien tiene que hacerlo valer, y a veces eso toma semanas de litigio.

También muestra el camino de regreso. E.L.A. fue traído de vuelta una vez y la jueza ordenó que lo traigan otra vez. Una deportación ejecutada en contra de una orden judicial no siempre es el final de la historia.

Qué hacer ahora

Si usted llegó a Estados Unidos siendo menor de edad y sin un adulto que lo acompañara, y tiene una solicitud de asilo pendiente, consulte con un abogado si su caso podría estar cubierto por esta demanda colectiva.

Guarde copia de todo lo que reciba de la corte y de las agencias, incluso de los papeles que no entienda. Esos documentos son la prueba de que existe una protección.

Deje los datos de su abogado con un familiar de confianza. Si una deportación se ejecuta por error, las primeras horas son decisivas.

Busque ayuda legal gratuita o de bajo costo antes de firmar cualquier documento en una detención.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de ABC News; los datos y las citas son de la nota original.