Agentes migratorios llegan a los campus de colegios comunitarios de California

Datos clave

Los arrestos migratorios dentro y alrededor de los colegios comunitarios de California tienen alarmados a los administradores de esos planteles, según un reporte del medio CalMatters publicado el lunes 12 de octubre de 2026.

El caso más reciente ocurrió el lunes 5 de octubre de 2026 en Allan Hancock College, en Santa María. Agentes federales arrestaron en un estacionamiento del campus al padre de una estudiante. La joven, ciudadana de Estados Unidos de 18 años, se quedó sola esperando unos 20 minutos dentro del carro de su papá antes de que el personal del colegio la acompañara. El asambleísta estatal Gregg Hart dijo que ese mismo día hubo al menos 17 arrestos en la zona de Santa María.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó haber arrestado a alguien dentro del campus de Hancock y dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene a las escuelas como objetivo.

No es un caso aislado. En septiembre de 2026, agentes de ICE arrestaron a un estudiante en una calle pública que cruza el San Diego City College, y persiguieron a otro por las escaleras de un edificio del campus. En diciembre de 2025, agentes federales usaron un estacionamiento del Santa Barbara City College como punto de reunión antes de un operativo.

Las leyes de California dan dos protecciones. La SB 98 obliga a los colegios a avisar a los estudiantes cuando hay agentes migratorios en el campus. La AB 49 exige que los agentes presenten una orden judicial antes de entrar a áreas no públicas, como salones de clase y oficinas.

El problema es dónde ocurren los arrestos. Los estacionamientos, las plazas y los espacios abiertos cuentan como áreas públicas, así que esas dos leyes casi no aplican ahí.

El sistema de colegios comunitarios de California tiene 116 planteles. Algunos están gastando en letreros que advierten que se necesita permiso para entrar: el Santa Barbara City College pagó alrededor de 1,200 dólares por 12 letreros, y el distrito de San Diego pagó 71,000 dólares por 68 letreros, incluida la instalación.

Contexto

El gobierno federal anuló la política que antes limitaba los operativos en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias. Desde entonces, la protección que queda en un campus depende de la ley estatal y de lo que cada colegio decida hacer.

El procurador general de California, Rob Bonta, publicó el mes pasado una guía para las instituciones de educación superior.

Algunos distritos prueban medidas propias. San Diego adoptó una política que exige permiso previo a cualquier entidad, incluidas las agencias de la ley, para hacer gestiones oficiales en el campus; todavía no se ha puesto a prueba en un tribunal. Santa Bárbara firmó un acuerdo con el grupo local 805 UndocuFund para recibir alertas.

Qué significa esto

Si usted o su hijo estudia en un colegio comunitario de California, la protección real es más delgada de lo que suena. Dentro del salón de clase hay un requisito de orden judicial firmada por un juez. En el estacionamiento, no.

Para las familias de estatus mixto, eso cambia la rutina más simple: quién lleva a quién a clase y dónde se estaciona el carro.

Qué hacer ahora

Pregunte en su colegio quién es la persona de contacto para asuntos migratorios y cómo avisa el plantel si hay agentes presentes. Guarde ese número en su teléfono.

Recuerde sus derechos: usted no tiene que abrir la puerta del carro ni contestar preguntas sobre dónde nació. Puede decir que quiere hablar con un abogado. Una orden administrativa de ICE no es lo mismo que una orden judicial firmada por un juez.

Deje firmada una carta poder para emergencias, por si alguien más tiene que recoger a sus hijos.

Acérquese al centro de recursos para estudiantes indocumentados (Dream Center) de su plantel. Muchos tienen asesoría legal gratuita y apoyo de consejería.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de CalMatters; los datos y las citas son de la nota original.