Jueza federal frena las visitas del DHS a votantes en nueve estados

Datos clave

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín, del tribunal federal del Distrito Norte de California, ordenó la noche del miércoles 21 de octubre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspenda sus operativos de campo relacionados con elecciones.

La orden cubre nueve estados: California, Nueva York, Misuri, Connecticut, Georgia, Nevada, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

Lo que queda prohibido son las operaciones y entrevistas de campo cuando los funcionarios saben, sospechan o deberían sospechar que la persona a la que van a interrogar es ciudadana de Estados Unidos. En la práctica, se trata de las visitas en las que agentes federales llegaban a una casa a preguntar por el estatus migratorio y por si la persona había votado.

Lo que no quedó prohibido es investigar el voto indebido en elecciones federales. La jueza fue explícita: el problema no es la investigación, sino interrogar a ciudadanos de una forma que los intimida.

La base legal es la ley federal de derechos electorales, que prohíbe intimidar, amenazar o presionar a quien vota o a quien ayuda a otros a votar. Quienes demandaron son dos sindicatos de enfermeras, la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, que hacen trabajo de movilización electoral, junto con el grupo legal Protect Democracy.

La jueza suspendió el efecto de su propia orden hasta las cinco de la tarde del viernes 23 de octubre, para darle al gobierno tiempo de apelar. Si no hay apelación exitosa, la orden rige hasta que cierren las urnas el día de la elección.

Contexto

La jueza también cuestionó de dónde salen las listas de personas que el DHS iba a visitar. Como varios estados se negaron a entregar sus registros de votantes, el gobierno armó las listas con información comercial comprada y la cruzó con sus propios archivos. La jueza las describió como voluminosas y poco confiables.

El caso de Nevada ilustra el problema. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que había unos 16,000 no ciudadanos en el registro de votantes del estado. El DHS envió una lista de 185 personas supuestamente inscritas de forma indebida. Una subprocuradora de Nevada respondió que los registros mostraban que las 185 eran ciudadanas.

En California, autoridades federales señalaron a 28 inmigrantes por presuntamente haber votado antes de naturalizarse. Todos negaron haberse inscrito o votado a sabiendas. Ese grupo equivale a cerca de 0.0001% de los votantes inscritos del estado.

Desde el inicio de este gobierno, el Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado cargos por fraude electoral contra 156 personas en todo el país.

Qué significa esto

Para una familia de estatus mixto, donde hay ciudadanos, residentes y personas sin papeles bajo el mismo techo, estas visitas eran un riesgo doble: el del interrogatorio y el de que un dato equivocado terminara en una investigación.

La decisión reconoce algo que las organizaciones venían diciendo: cuando un agente federal toca la puerta para preguntar por el voto, mucha gente con derecho a votar decide no votar. Eso es exactamente lo que la ley electoral quiere evitar.

La orden es temporal y solo cubre nueve estados. No es una decisión final del caso.

Qué hacer ahora

Usted no tiene obligación de abrir la puerta a un agente federal. Puede hablar por la ventana o no responder.

Pregunte si traen una orden judicial firmada por un juez. Una orden administrativa de ICE no les permite entrar a su casa. Pida verla por debajo de la puerta.

No hace falta contestar preguntas sobre su estatus, su lugar de nacimiento ni su historial de voto. Puede decir que quiere hablar con un abogado.

Si está inscrito para votar y tiene derecho a hacerlo, estas visitas no cambian ese derecho. Si recibió una carta o una visita que lo dejó con dudas, consulte a una organización legal antes de tomar cualquier decisión sobre su registro.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de CBS News vía Yahoo News; los datos y las citas son de la nota original.