Estados demandan al gobierno por condicionar ayuda ante desastres a control migratorio

Datos clave

Más de dos docenas de estados presentaron esta semana una demanda en un tribunal federal de Rhode Island contra el Department of Homeland Security y FEMA, en la que impugnan las nuevas condiciones vinculadas a miles de millones de dólares en fondos para desastres del Homeland Security Grant Program. Según los estados, las condiciones les exigen ayudar al DHS a aplicar las leyes de inmigración, lo que incluye compartir información sobre personas bajo custodia estatal y local, además de reformar sus sistemas electorales mediante el cambio a boletas de papel, la realización de auditorías manuales y la verificación de la ciudadanía de cada votante registrado. Los estados que se nieguen podrían perder al menos el 20% de esos fondos de subvención, y la demanda señala que el DHS se reservó el derecho de suspender los fondos en cualquier momento. El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, y el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, estuvieron entre los funcionarios que se pronunciaron contra las condiciones, mientras que un portavoz de FEMA desestimó la demanda calificándola de partidista.

Contexto

Este no es el primer intento del gobierno de vincular exigencias de control migratorio a fondos federales; una iniciativa similar vinculada a otro programa de subvenciones fue bloqueada en los tribunales el año pasado. Lo que hace notable a esta versión es su escala, a la que se sumaron decenas de estados de todo el espectro político, y la combinación de mandatos de cooperación migratoria con cambios en el sistema electoral en un solo conjunto de condiciones, lo cual, según argumentan los estados, va más allá de lo que el Congreso autorizó a exigir al DHS y a FEMA al distribuir fondos para desastres. Los fondos para desastres suelen considerarse casi incondicionales, ya que los estados no pueden planificar fácilmente ante la pérdida de estos recursos cuando ocurre un huracán, una inundación o un incendio forestal.

Qué significa esto

Para los inmigrantes, las repercusiones son indirectas pero reales: si los tribunales finalmente respaldan estas condiciones, más agencias estatales y locales, incluidas algunas que actualmente se mantienen al margen del control migratorio federal, podrían verse obligadas a compartir información o cooperar con ICE simplemente para proteger la ayuda para desastres de la que depende su estado. Esto podría afectar la seguridad que sienten los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus migratorio mixto al interactuar con los servicios estatales, desde solicitar ayuda tras una tormenta hasta contactar a la policía local, independientemente de la postura política del gobierno de cada estado. También refleja un patrón más amplio este año, en el que se utilizan los fondos federales como mecanismo de presión para incorporar el control migratorio en áreas del gobierno que antes no estaban diseñadas para ello.

Próximos pasos

Las personas no necesitan tomar ninguna medida inmediata; el caso se encuentra actualmente en litigio y las condiciones de financiamiento aún no están en vigor en ningún lugar. Los inmigrantes y los defensores de sus derechos en los estados involucrados deben estar atentos a las actualizaciones de la fiscalía general de su estado, ya que una orden judicial preliminar, de concederse, suspendería las condiciones mientras continúa la demanda principal.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Boston 25 News; los datos y las citas son de la nota original.