USCIS amplía definición de carga pública desde el 18 de septiembre

Datos clave

USCIS publicó el 18 de agosto una nueva guía de políticas que amplía los criterios de la agencia para determinar si es probable que un inmigrante se convierta en una "carga pública", una evaluación legal que puede frenar la aprobación de una tarjeta de residencia permanente. A partir del 18 de septiembre, USCIS tomará en cuenta cualquier beneficio público basado en recursos económicos que reciba financiamiento gubernamental, incluso parcial. Esta es una lista mucho más amplia que antes e incluye programas como la asistencia de alimentos de SNAP, asistencia para vivienda, Medicaid y ayuda financiera estudiantil. Los beneficios devengados como Social Security y Medicare, a los cuales las personas aportan mediante su trabajo, no se toman en cuenta.

Contexto

La nueva guía reemplaza una norma más limitada de 2022 que solo consideraba los programas de asistencia en efectivo y la atención médica institucionalizada a largo plazo pagada por el gobierno. Se aplica a personas que solicitan la residencia permanente por patrocinio familiar, a través de un empleador o mediante la lotería de visas de diversidad, así como a ciertos titulares de visas de no inmigrante y residentes permanentes que hayan permanecido fuera de US por más de 180 días. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se seguirán evaluando bajo la regla anterior más estricta; únicamente los beneficios recibidos a partir de esa fecha quedarán sujetos a la definición más amplia. USCIS afirma que continuará evaluando el panorama general (edad, salud, ingresos, respaldo familiar y nivel educativo), en vez de considerar un único beneficio como motivo de descalificación automática.

Qué significa esto

Esto representa un cambio significativo para los solicitantes de residencia permanente y sus familias. Un hogar que haya utilizado SNAP o Medicaid para un hijo nacido en US, o que haya recibido ayuda para el alquiler, ahora podría necesitar analizar con atención cómo se interpretará ese historial en una determinación de carga pública, aun cuando esos beneficios suelen destinarse a hijos con ciudadanía de US y no al solicitante. La norma incrementa la presión sobre las familias de estatus mixto para sopesar si el uso de un beneficio para el cual califican legalmente podría complicar un trámite migratorio en el futuro.

Pasos a seguir

Cualquier persona con una solicitud de residencia permanente en trámite, o que planee presentar una después del 18 de septiembre, debería consultar con un abogado de inmigración antes de rechazar beneficios por temor. Con frecuencia, una declaración jurada de patrocinio económico o la revisión jurídica del uso de un beneficio específico pueden resolver las dudas sin necesidad de renunciar a una ayuda para la que la familia califica. También es conveniente documentar las fechas y el tipo de cualquier beneficio público recibido, ya que el plazo límite del 18 de septiembre implica que los tiempos serán determinantes en la evaluación del caso.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de USCIS; los datos y las citas son de la nota original.