Congresista republicano afirma que gobierno de Trump se extralimitó con deportaciones

Datos clave

El representante republicano Don Bacon, de Nebraska, declaró públicamente que el gobierno de Trump se ha "extralimitado" en las deportaciones, argumentando que los funcionarios están apuntando a personas que "no tiene ningún sentido deportar" y que algunas expulsiones carecen de "sentido común y humanidad". Señaló específicamente a Mariana Juarez Lorenzo, una residente de Omaha con fecha de deportación programada para el 18 de septiembre. Según Bacon, ella llegó a U.S. a los 16 años tras sufrir traumas en su infancia, se graduó de la escuela secundaria con honores, obtuvo un título en aviación en la University of Nebraska Omaha y cuenta con una licencia de piloto privado, sin antecedentes penales. Su caso se remonta a una audiencia de inmigración a la que no asistió cuando era menor de edad, luego de que, según afirma, fue abandonada por sus padres; desde entonces ha cumplido con las autoridades de inmigración y anteriormente recibió suspensiones de la deportación. Hasta mediados de julio, ICE mantenía a 65,765 personas detenidas, y las personas sin antecedentes penales representan el grupo individual más grande de esa población.

Contexto

Los comentarios de Bacon tienen peso porque provienen de un republicano en funciones en el Congreso y no de un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, lo que rompe con el discurso público del gobierno de que las medidas de control migratorio priorizan las amenazas a la seguridad pública. Bacon ha expresado su apoyo a la Dignity Act, una propuesta que combinaría medidas de seguridad fronteriza con una vía legal para algunos residentes indocumentados de larga data, aunque el proyecto de ley se encuentra estancado. Sus declaraciones coinciden con un aumento nacional de los arrestos de ICE que alcanzan cada vez más a personas con profundos lazos comunitarios y sin antecedentes penales, en lugar de limitarse a los casos que el gobierno suele destacar públicamente.

Qué significa esto

El caso de Mariana demuestra que los años de residencia, un historial limpio y los logros personales no protegen a una persona de la deportación una vez que una antigua orden por inasistencia a una audiencia reaparece en su expediente. El hecho de que un congresista republicano reconozca públicamente una "extralimitación" podría aumentar la presión para que se aplique una mayor discrecionalidad caso por caso en la aplicación de la ley, o bien renovar la atención hacia proyectos legislativos estancados como la Dignity Act. Para cualquier persona con una orden de deportación in absentia similar dictada durante su infancia o adolescencia, este caso constituye una advertencia concreta de que dichas órdenes no desaparecen con el tiempo: pueden reaparecer años después y conducir directamente a la expulsión del país.

Qué hacer a continuación

Cualquier persona con una antigua orden de deportación in absentia o por no haber asistido a una audiencia debe consultar de inmediato con un abogado de inmigración sobre la posibilidad de reabrir el caso, en lugar de esperar a que un arresto fuerce la situación. Quienes enfrenten una fecha de deportación similar también pueden comunicarse con sus representantes en el Congreso, ya que la intervención pública de Bacon demuestra que la comunicación de los electores a veces lleva a los funcionarios electos a interceder de manera directa. Aquellos que apoyan una reforma legislativa pueden seguir el estado de la Dignity Act y ponerse en contacto con sus legisladores, pues las propias declaraciones de Bacon señalan que es en el Congreso, y no solo en las agencias de control migratorio, donde debe generarse un cambio duradero.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Newsweek; los datos y las citas son de la nota original.