Jefes de policía firman acuerdos con ICE sin aval de autoridades electas

Datos clave

Jefes de policía de pueblos pequeños están firmando convenios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin pedir permiso a los concejos municipales ni a los comisionados que eligieron los vecinos. Así lo documentó una investigación del periodista Jose Pagliery publicada el miércoles 14 de octubre de 2026 en The Washington Sun.

Se trata de los convenios 287(g), llamados así por la sección de la ley que los permite. Con uno de estos acuerdos, un policía local queda autorizado a hacer trabajo de agente de inmigración.

El número creció de unos 150 convenios en el primer periodo del presidente Trump a 2,631 hoy, según la base de datos de ICE.

El gobierno planea gastar 1,600 millones de dólares en el programa hasta septiembre de 2027, con dinero de la ley de reconciliación presupuestaria de 2025.

Los incentivos que ofrece ICE son concretos: 7,500 dólares en equipo por cada oficial entrenado y 100,000 dólares para vehículos nuevos por cada convenio, además del reembolso de sueldos, beneficios y horas extra.

Casi tres de cada cuatro convenios usan el modelo llamado de grupo operativo, que es el que más facultades le da al policía local en la calle.

Contexto

La investigación recoge varios casos donde nadie electo votó nada.

En Stinesville, Indiana, el entonces subjefe de policía Shane Pittman firmó en febrero de 2026 un convenio de 122,500 dólares sin avisarle al pueblo. El procurador general de Indiana, Todd Rokita, emitió el 6 de octubre una opinión que respalda el acuerdo. La comisión del condado de Monroe aprobó una resolución en contra.

En Clarion, Pensilvania, el jefe de policía William Peck IV firmó en julio. Tras la molestia del público, el convenio se canceló en la reunión de octubre. En Pitcairn, Pensilvania, el jefe Scott Farally también firmó en julio sin aprobación del concejo, y el concejo no votó para cancelarlo.

Los estados van en direcciones opuestas. Texas aprobó en 2025 una ley que obliga a casi todos los condados de más de 100,000 habitantes a firmar. Florida premia a quienes participan. Diez estados de mayoría demócrata los prohíben, y este año se sumaron Maryland y Nuevo México. En Nueva York, 15 alguaciles demandaron a la gobernadora Kathy Hochul por una ley estatal que limita la cooperación.

Estos convenios tampoco son gratis para el municipio. El condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, gastó 5.3 millones de dólares en su primer año, y el condado de Alamance 4.7 millones de dólares.

Qué significa esto

Para usted, el cambio es práctico: en un pueblo con convenio 287(g), el policía que lo detiene por una luz trasera quemada puede estar autorizado a revisar su situación migratoria y a entregarlo a ICE.

Y lo más delicado es que ese cambio pudo ocurrir sin una sola reunión pública. Muchos vecinos se enteran meses después.

Eso rompe la confianza que la policía local necesita para trabajar. Cuando la gente teme que llamar a la policía termine en una deportación, deja de reportar robos, accidentes y violencia doméstica.

La investigación también muestra que la presión de los vecinos funciona: varios convenios se cancelaron o se pausaron después de reuniones concurridas.

Qué hacer ahora

Averigüe si su municipio tiene convenio. ICE publica en su sitio la lista de agencias participantes; busque el nombre de su ciudad y de su condado.

Si no lo encuentra, pregunte en la próxima reunión del concejo municipal o de los comisionados del condado si su departamento de policía firmó algo y cuándo se votó.

Tenga claro el límite: un policía necesita una orden judicial firmada por un juez para entrar a su casa. Una orden administrativa de ICE no alcanza. Usted puede atender por la puerta cerrada.

Y recuerde que en cualquier parada de tráfico usted no está obligado a contestar de qué país es ni a mostrar documentos de inmigración.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de The Washington Sun; los datos y las citas son de la nota original.