San Antonio demanda al DHS para frenar un centro de detención

Datos clave

La ciudad de San Antonio, en Texas, llevó el martes 13 de octubre de 2026 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a una corte federal.

El motivo es una bodega de casi 640,000 pies cuadrados en el sureste del Loop 410, en el lado este de la ciudad, que ICE compró en enero. El plan es convertirla en un centro de detención y procesamiento para hasta 1,500 personas. ICE ya adjudicó un contrato de remodelación de 17.3 millones de dólares a la empresa GardaWorld Federal Services.

La demanda se apoya en la Ley Nacional de Política Ambiental. Esa ley obliga a las agencias federales a estudiar los efectos de un proyecto grande antes de hacerlo. El abogado de la ciudad, Andy Segovia, explicó que esos estudios no son solo de aire y agua: también cubren efectos en la economía, la historia y la cultura del barrio.

La ciudad le pide a un juez federal que detenga el proyecto hasta que el estudio ambiental esté completo.

La alcaldesa Gina Ortiz Jones anunció la demanda junto a Segovia y varios concejales, y dijo que la ciudad ya terminó de esperar.

Según la ciudad, mandó cinco cartas al DHS y a ICE desde febrero pidiendo información sobre estudios ambientales, permisos y participación del público. Los funcionarios federales contestaron una sola carta, en junio, con la promesa de coordinar y compartir información. Jones dijo que nada de eso llegó.

El DHS y ICE no respondieron a una solicitud de comentario.

Contexto

No todo el concejo está de acuerdo. Los concejales Marc Whyte y Misty Spears criticaron la demanda por costosa y porque, en su opinión, solo va a retrasar el proyecto. Whyte calculó el costo en 500,000 dólares o más. Segovia no quiso dar una cifra.

La semana pasada el concejo pidió a los departamentos de la ciudad y a las empresas de servicios públicos que midan el efecto del centro en el agua, el drenaje, la electricidad y los servicios de emergencia.

Segovia espera que la evaluación ambiental preliminar encuentre efectos significativos. Si eso pasa, se abriría un estudio de impacto ambiental más largo, que puede tomar meses.

La propia ciudad reconoce que la demanda quizás no detenga el centro para siempre. La apuesta es que el proceso de revisión ponga suficientes obstáculos para que el gobierno federal reconsidere.

Qué significa esto

Este caso muestra una vía distinta para pelear un centro de detención. No discute si la deportación es legal ni quién debe estar detenido. Discute el papeleo ambiental, y ese es terreno donde las ciudades tienen herramientas.

Es una estrategia que otras ciudades están mirando, porque el gobierno federal ha estado comprando y arrendando bodegas y cárceles a buen ritmo para ampliar la capacidad de detención.

Para las familias de San Antonio, el resultado práctico se mide en distancia. Un centro de 1,500 camas en la ciudad significa que más personas quedarían detenidas cerca de sus familiares y de sus abogados, en vez de ser trasladadas a cientos de millas. Pero también significa mucha más detención en la zona.

Por ahora no hay centro abierto, no hay decisión del juez y no hay fecha de audiencia anunciada.

Qué hacer ahora

Si vive en San Antonio y le preocupa el proyecto, las reuniones del concejo municipal son públicas y aceptan comentarios de los vecinos.

Si tiene un familiar en detención, no espere a que cambie la ubicación: mantenga siempre a la mano el número de registro de extranjero de esa persona y el nombre del centro donde está. Con eso usted puede localizarla si la trasladan.

Tenga el teléfono de un abogado de inmigración o de una organización acreditada guardado en su celular y también escrito en papel, en casa, donde otro familiar lo pueda encontrar.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Texas Public Radio; los datos y las citas son de la nota original.