Un juez permite los monitores electorales del DOJ pero les impone límites

Datos clave

El juez federal Reggie B. Walton negó el lunes 2 de noviembre de 2026 una orden de restricción temporal que había pedido la NAACP, la organización de derechos civiles.

La NAACP quería impedir que el Departamento de Justicia (DOJ) enviara personal de agencias policiales federales a trabajar como monitores electorales en las elecciones del martes 3 de noviembre.

El caso se llama NAACP contra Blanche y está en el tribunal federal del Distrito de Columbia. Se presentó el 16 de octubre de 2026.

Walton negó la orden sin perjuicio. Eso significa que la NAACP puede volver a pedirla más adelante si aparecen hechos nuevos.

Aun así, la decisión no dejó al gobierno con las manos libres. El juez le ordenó cumplir las promesas que sus propios abogados hicieron en la audiencia: los monitores deben ser personal administrativo o de oficina, no pueden ir de uniforme, no pueden mostrar insignias federales, no pueden ir armados y no tienen poder de arresto.

El juez también ordenó al gobierno entregar un informe antes de las 7 de la mañana del 3 de noviembre, explicando cómo confirmó que ninguno de los monitores es agente policial.

El DOJ planea enviar alrededor de 1,000 monitores a centros de votación de todo el país. Su abogada habló en la audiencia de unos 900, frente a cerca de 600 en las elecciones de 2024.

Contexto

El programa de monitoreo electoral del DOJ existe desde hace décadas y su propósito original era vigilar que los votantes pudieran llegar a las urnas. Históricamente enviaba abogados y personal legal de la Sección de Votación de la División de Derechos Civiles, no agentes policiales.

Este año cambió. Documentos presentados ante el tribunal mencionaron empleados de la Oficina de Prisiones, la agencia antidrogas DEA y la agencia de alcohol, tabaco y armas ATF. En la audiencia, la abogada del DOJ dijo que esos empleados serían personal administrativo y que la división hizo lo posible por excluir a agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no planea operaciones dirigidas a los centros de votación.

Hay otra orden que sigue vigente hoy. El 21 de octubre, una jueza federal en California prohibió al DHS hacer operaciones de campo y entrevistas relacionadas con las elecciones cuando se trate de personas que las autoridades saben o deberían sospechar que son ciudadanas. Cubre nueve estados: California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. El 30 de octubre, la corte de apelaciones del Noveno Circuito se negó a suspender esa orden.

El condado de Arlington, en Virginia, y varias organizaciones cívicas presentaron demandas parecidas durante septiembre y octubre.

Qué significa esto

Habrá monitores federales en muchos centros de votación hoy. Según la orden del juez, no deben estar armados ni uniformados, no deben mostrar insignias y no pueden detener a nadie.

Conviene tener clara la diferencia. Un monitor electoral no es un agente de inmigración, y la orden del juez le prohíbe actuar como tal.

En los nueve estados cubiertos por la orden de California hay, además, un límite a las operaciones del DHS relacionadas con las elecciones mientras los centros estén abiertos.

Qué hacer ahora

Si usted es ciudadano y va a votar, nadie en el centro de votación tiene derecho a interrogarlo sobre su estatus migratorio ni sobre el de su familia.

Si ve a alguien armado, uniformado o con insignia actuando como monitor, informe al funcionario electoral del lugar. No lo confronte y no discuta con esa persona.

Apunte la hora, el lugar y lo que vio, y avise a una organización de derechos civiles. Varias mantienen líneas de ayuda al votante en español durante el día de la elección.

Si usted no es ciudadano, no vote y no se registre para votar. Puede acompañar a un familiar, pero no debe emitir una boleta.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Just Security; los datos y las citas son de la nota original.