Justicia demanda a Maryland para frenar matrícula universitaria a indocumentados

El Departamento de Justicia demandó a Maryland el 16 de julio de 2026, con el objetivo de anular la ley y las regulaciones estatales que permiten a los estudiantes indocumentados pagar la matrícula de residente estatal y calificar para recibir ayuda financiera en los colegios comunitarios y universidades públicas de Maryland.

Datos clave

La ley impugnada es el Dream Act de Maryland, aprobada en 2012 y puesta en vigor bajo el entonces gobernador Martin O'Malley. La norma permite que los estudiantes que asistieron a escuelas secundarias de Maryland y cumplen con los requisitos de residencia paguen la misma matrícula que los demás residentes del estado, independientemente de su estatus migratorio. Según un informe estatal de educación superior de 2025, aproximadamente 500 estudiantes indocumentados estaban matriculados en colegios comunitarios de Maryland y otros 309 en universidades públicas de cuatro años, lo que representó un ahorro conjunto de $9 millones en matrícula durante un año académico. Funcionarios del DOJ, entre ellos el fiscal general asociado Stanley Woodward y el fiscal general adjunto Brett Shumate, sostienen que la ley otorga ilegalmente a los no ciudadanos un beneficio que algunos ciudadanos estadounidenses de otros estados no reciben, lo que, según afirman, viola una ley federal que prohíbe a los estados hacerlo.

Contexto

Esta es la decimotercera demanda de este tipo presentada por el DOJ a nivel nacional y sigue un patrón: demandas similares ya tuvieron éxito en Texas, Kentucky, Oklahoma y Nebraska, incluido un fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que declaró inconstitucional una ley comparable. El DOJ tiene otros casos pendientes contra Illinois, Minnesota, Virginia, California, New Jersey, Kansas, Massachusetts y Rhode Island. Maryland ya ha enfrentado presiones legales federales en materia de inmigración; el DOJ demandó al estado por separado a principios de este año por su Community Trust Act, norma que limita la cooperación de la policía local con los agentes federales de inmigración. La presidenta de la Cámara de Delegados de Maryland, Joseline Peña-Melnyk, defendió la ley de matrícula, afirmando que los estudiantes "que han crecido en nuestras comunidades" merecen acceso a la educación superior, y calificó la demanda como una extralimitación federal en las decisiones políticas estatales.

Qué significa esto

Nada cambia de inmediato para los estudiantes actuales o de nuevo ingreso: la política de matrícula de Maryland sigue vigente mientras avanza el proceso legal, y el estado ha manifestado que defenderá la ley en los tribunales. Sin embargo, el patrón en otros estados sugiere una posibilidad real de que la ley sea finalmente anulada, lo que significaría que los estudiantes indocumentados ya inscritos o que planean inscribirse podrían ver cómo sus costos de matrícula se duplican o triplican aproximadamente.

Qué hacer a continuación

Los estudiantes y las familias afectadas deben mantenerse en estrecho contacto con la oficina de ayuda financiera de su institución para recibir actualizaciones, ya que cualquier fallo eventual probablemente incluiría un período de transición en lugar de una suspensión inmediata. Los estudiantes también deberían consultar desde ahora en las oficinas de ayuda financiera sobre becas privadas que no dependan del estatus de residencia, en caso de que la política cambie antes de su graduación.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de U.S. Department of Justice; los datos y las citas son de la nota original.