Juez prohíbe al DHS usar fuerza contra periodistas durante redadas de ICE

Hechos clave

El 10 de julio, el juez de distrito de EE. UU. Hernán D. Vera emitió una orden judicial en *L.A. Press Club v. Mullin* que prohíbe a los agentes del Department of Homeland Security usar la fuerza para desalojar a periodistas, observadores legales y miembros del público de espacios públicos donde estén grabando o informando sobre operativos de control migratorio. La orden se dictó tras concederse la certificación de demanda colectiva en el mismo caso el 6 de julio. La demanda, presentada en junio de 2025 por el Los Angeles Press Club, NewsGuild-CWA, tres periodistas, dos miembros de la comunidad y un observador legal, describió lesiones como conmociones cerebrales, quemaduras y laceraciones sufridas mientras cubrían redadas de ICE y protestas relacionadas en el sur de California.

Contexto

El caso es uno de varios en todo el país que ponen a prueba hasta dónde pueden llegar los agentes federales cuando las tácticas de control de multitudes chocan con el derecho constitucional a observar e informar sobre las acciones del gobierno en espacios públicos. A medida que ICE y CBP han ampliado sus actividades de control en Los Ángeles y otros lugares, periodistas y observadores legales (personas que monitorean los operativos para documentar posibles violaciones a los derechos civiles) han denunciado con mayor frecuencia que son tratados como blancos y no como simples espectadores. Este fallo no suspende el control migratorio en sí; restringe específicamente la fuerza que los agentes pueden emplear contra personas que únicamente están observando, grabando o informando sobre estos hechos.

Qué significa esto

Para los inmigrantes en el Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles y varios condados aledaños, este fallo significa que es más probable que los operativos de control cuenten con testigos independientes, lo que puede ser crucial si posteriormente se impugna la forma en que se realizó un arresto. Para periodistas y observadores legales, establece un límite judicial claro: los agentes pueden seguir realizando operativos, pero no pueden recurrir a la fuerza con el solo fin de impedir que las personas los documenten en espacios públicos. Para las organizaciones defensoras que envían observadores capacitados a supervisar los operativos, la decisión brinda un respaldo legal más sólido a su labor dentro de esta jurisdicción, aunque no se extiende de manera automática al resto del país.

Qué hacer a continuación

Los periodistas, observadores legales y miembros de la comunidad en el Distrito Central de California que sean amenazados, detenidos o lesionados mientras documentan acciones de control migratorio deben registrar la fecha, el lugar y la agencia involucrada, y comunicarse con la ACLU of Southern California o con el Los Angeles Press Club, ambos demandantes en este caso, para reportar el incidente. Los inmigrantes que presencien o se vean afectados por un operativo en la región pueden consultar si hubo un observador legal presente, ya que la documentación recabada podría tener mayor peso a partir de esta orden. Quienes se encuentren fuera de este distrito federal deben verificar si existe una medida cautelar similar en su zona, ya que las protecciones de este fallo no son automáticamente de alcance nacional.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de ACLU of Southern California; los datos y las citas son de la nota original.