DOJ acusa a manifestantes contra ICE usando ley de la Guerra Civil

Datos clave

Los fiscales federales han presentado cargos por conspiración contra más de tres docenas de personas en al menos 10 casos desde que el presidente Trump regresó al cargo, utilizando una ley de la era de la Reconstrucción redactada originalmente para proteger a los funcionarios federales de la violencia de turbas. El cargo, "conspiración para impedir o lesionar a un oficial", conlleva una sentencia de hasta seis años de prisión. La fiscal general Pam Bondi ha ordenado a los fiscales federales buscar el "delito más grave comprobable" contra quienes interfieran con las labores de control migratorio, una directriz emitida tras una protesta en Spokane, Washington, en junio de 2025, donde manifestantes intentaron bloquear una camioneta que transportaba a inmigrantes detenidos. Nueve personas fueron acusadas en ese caso; tres fueron a juicio y resultaron condenadas, a pesar de que los fiscales nunca las acusaron de daños a la propiedad. En Minneapolis, una maestra de educación especial y otras 14 personas enfrentan ahora cargos de conspiración vinculados a bloqueos frente al edificio que alberga la sede regional de ICE. En un suburbio cerca de Chicago, se desestimaron cargos similares contra seis manifestantes tras surgir acusaciones de mala conducta fiscal.

Contexto

Antes de esta administración, la ley de conspiración se asociaba principalmente con los procesos contra acusados por los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, incluidos miembros de Proud Boys y Oath Keepers. Aplicarla a manifestantes proinmigrantes representa una intensificación deliberada: permite a los fiscales presentar cargos por delitos graves con penas de años de prisión contra personas cuya conducta individual (bloquear una entrada o pararse en una puerta) de otro modo ameritaría una infracción menor o ningún cargo. Defensores de las libertades civiles señalan que este criterio castiga en la práctica la organización colectiva en sí misma y no un acto violento específico, ya que a ninguno de los acusados condenados hasta el momento se le imputó haber dañado propiedades o herido a personas.

Qué significa esto

Para manifestantes y organizadores, esto indica que la desobediencia civil pacífica cerca de instalaciones de ICE conlleva hoy un riesgo legal significativamente mayor que hace dos años. Participar en una protesta coordinada, incluso sin llegar a la violencia, puede exponer a los involucrados a cargos federales por delitos graves y a posibles condenas de prisión. Para las comunidades de inmigrantes, estas acusaciones también evidencian hasta dónde llegará la administración para blindar los operativos de control frente a la interferencia pública, lo que podría alentar tácticas más agresivas en futuras redadas.

Qué hacer a continuación

Cualquier persona que planee sumarse a una protesta cerca de una instalación de ICE debe entender que incluso las acciones no violentas y coordinadas, como los bloqueos, pueden ser procesadas como delito grave de conspiración, y se recomienda consultar antes con un abogado de derechos civiles de ser posible. Organizaciones como Foundation for Individual Rights and Expression y ACLU están monitoreando estos procesos y podrían brindar orientación o asistencia legal a los manifestantes que enfrenten cargos.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de NPR; los datos y las citas son de la nota original.