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ACLU exige $10M por negligencia médica a detenido de ICE en Texas

Un residente permanente legal con diabetes tipo 1 denunció que los guardias ignoraron sus emergencias médicas durante meses en un centro de detención del sur de Texas, en uno de más de 50 reclamos similares presentados en todo el país.

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Hechos clave

La ACLU of Texas presentó una reclamación federal por agravio el 30 de julio de 2026 en nombre de Elton Purvis, un residente permanente legal de 55 años originario de Trinidad y Tobago, en la que exige 10 millones de dólares por daños y perjuicios a ICE y a la administración Trump. Purvis, quien padece diabetes tipo 1, estuvo detenido durante siete meses a partir de mayo de 2025, la mayor parte del tiempo en el South Texas Detention Complex en Pearsall. Según la reclamación, el personal confiscó sus medicamentos para la diabetes y la malaria y se negó a permitirle tomarlos, ignoró síntomas clásicos de malaria como fiebre y escalofríos durante 12 días antes de hospitalizarlo finalmente, y permitió que fuera hallado inconsciente en su celda al menos tres veces debido a niveles peligrosamente bajos de azúcar en la sangre. Fue hospitalizado en tres ocasiones distintas por emergencias relacionadas con la diabetes. Sus abogados afirman que presentó más de 100 quejas internas que fueron ignoradas. DHS respondió citando condenas previas por agresión y amenazas terroristas sin aportar detalles, mientras que la Fiscalía Federal declinó hacer comentarios debido a que el caso sigue pendiente.

Contexto

Esta es una de las más de 50 reclamaciones similares por agravio que la ACLU afirma haber presentado en 17 estados, como parte de un patrón más amplio señalado por investigadores a medida que los centros de detención se han expandido con rapidez bajo la actual administración. Human Rights Watch contabilizó un récord de 52 muertes bajo custodia de ICE hasta junio de 2026, incluidas al menos 14 solo en Texas desde enero de 2025, el ritmo más letal en la historia de la agencia. Defensores de derechos argumentan que, al superar la cifra de 59,000 detenidos en todo el país, el personal médico y la supervisión no han crecido al mismo ritmo, lo que hace que el control de enfermedades crónicas como la diabetes sea especialmente peligroso dentro de las instalaciones.

Qué significa esto

Para las personas con afecciones médicas crónicas que puedan enfrentar una detención, ya sea en la frontera, en un tribunal o durante un arresto en su lugar de trabajo, este caso demuestra que no se garantiza el acceso a medicamentos críticos bajo custodia de ICE, incluso cuando las consecuencias ponen en peligro la vida. Específicamente para los residentes permanentes legales, es un recordatorio de que contar con residencia permanente no exime a una persona de la detención migratoria, sobre todo si DHS alega antecedentes penales, aun cuando la agencia no detalle los cargos. La magnitud de esta reclamación y las decenas de recursos similares en todo el país indican que los defensores están documentando un patrón legal más amplio de negligencia sistémica y no un incidente aislado.

Qué hacer a continuación

Los inmigrantes con afecciones médicas crónicas, o sus familiares, deben conservar registros personales detallados de recetas y diagnósticos, y deben tener presente que las personas detenidas o sus representantes pueden presentar quejas por escrito y solicitar documentación médica al personal del centro. Cualquier persona que considere que un familiar detenido no está recibiendo la atención médica necesaria puede comunicarse directamente con la unidad médica de la instalación, acudir a organizaciones como la ACLU o presentar una queja ante la Office for Civil Rights and Civil Liberties de DHS.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de The Texas Tribune; los datos y las citas son de la nota original.

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