Organización sin fines de lucro de Pittsburgh demanda por la aceleración de deportaciones de niños víctimas de trata

Datos clave

Jewish Family and Community Services of Pittsburgh (JFCS), junto con seis inmigrantes de entre 15 y 19 años procedentes de Guatemala, Vietnam, Guinea y El Salvador, presentó una demanda federal de 159 páginas contra el Department of Homeland Security, Department of Justice, USCIS, ICE y la agencia de revisión de los tribunales de inmigración, EOIR. La demanda menciona específicamente a dos demandantes: una sobreviviente de trata de personas de 17 años procedente de Guatemala que fue deportada mientras su solicitud de visa T seguía pendiente, y un joven de 19 años procedente de Vietnam deportado a pesar de haber recibido ya la aprobación para el estatus de Special Immigrant Juvenile (SIJ), una protección creada para menores que sufrieron abusos, abandono o negligencia por parte de uno de sus padres. La demanda alega que los jueces de inmigración han estado ordenando deportaciones en lugar de conceder tiempo para que concluyan estos procesos legales pendientes, utilizando notificaciones mínimas y calendarios de audiencias comprimidos de dos veces por mes, y señala que la cancelación de contratos de representación legal que cubrían a unos 20,000 menores no acompañados agrava el problema. En respuesta, DHS declaró que está "totalmente enfocado en proteger a los niños" y que todos los menores bajo su custodia reciben el debido proceso.

Contexto

Tanto el estatus SIJ como el estatus de no inmigrante T existen porque el Congreso reconoció que los menores no acompañados que han sido víctimas de abuso, trata o abandono necesitan una protección distinta a la de los casos de inmigración de adultos, y ambas vías requieren tiempo: los tribunales estatales o USCIS deben emitir determinaciones antes de que un menor pueda considerarse protegido. La demanda sostiene que los nuevos procedimientos de los tribunales de inmigración adoptados durante el último año han eludido en la práctica una ley de 1990 destinada a proteger a estos menores, al acelerar los casos de deportación con mayor rapidez de la que pueden resolverse las solicitudes paralelas de protección. La directora de operaciones de JFCS, Dana Gold, resumió la gravedad del asunto de forma tajante: "Lo que una sociedad tolere que les ocurra a los niños, lo tolerará que le ocurra a cualquiera".

Qué significa esto

Para los menores no acompañados con solicitudes pendientes de SIJ o visa T, la demanda evidencia que tener una solicitud válida en trámite no los protege por sí sola de una orden de deportación, y que el gobierno está utilizando los desfases de tiempo entre los tribunales de familia, USCIS y los tribunales de inmigración como una oportunidad procesal y no como un obstáculo. Para los proveedores de servicios legales, el caso subraya cómo la pérdida de contratos de representación con fondos federales deja a más menores enfrentando audiencias de alto riesgo sin un abogado. Si los demandantes obtienen una medida cautelar, esta podría frenar las deportaciones aceleradas de menores con solicitudes de protección pendientes en todo el país, y no solo para los dos demandantes identificados.

Qué hacer a continuación

Los cuidadores, patrocinadores y defensores que trabajan con menores no acompañados con solicitudes pendientes de SIJ o visa T deben confirmar las fechas de las audiencias con bastante anticipación y buscar representación legal de inmediato, ya que los calendarios comprimidos dejan poco margen para corregir la situación después de que se emite una orden de deportación. Las organizaciones sin fines de lucro con contratos de representación a punto de vencer deben remitir rápidamente a los menores afectados a redes de abogados pro bono en lugar de esperar nuevos fondos federales, dado el argumento de la demanda de que la falta de representación legal ya está contribuyendo a deportaciones apresuradas.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Raw Story; los datos y las citas son de la nota original.