Un juez declara al DHS en desacato por retrasar pruebas en un caso de perfilamiento racial en Los Ángeles

Hechos clave

La jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, declaró en desacato civil al Department of Homeland Security tras determinar que no cumplió con una orden de enero de 2026 que exigía a la agencia realizar copias forenses de los teléfonos celulares personales de más de 800 agentes de inmigración que participaron en redadas de 2025 en el área de Los Ángeles, un operativo que los demandantes denominan "Operation At Large". DHS admitió en junio que había procesado dispositivos a un ritmo aproximado de tres teléfonos cada dos semanas, un ritmo con el que tardaría casi cuatro años en terminar. La jueza Frimpong impuso una multa de $500 por día hasta que DHS cumpla con la orden, y ordenó al gobierno reembolsar a los abogados de los demandantes los costos legales derivados de la búsqueda de estos registros. La demanda subyacente, presentada por inmigrantes detenidos y representados en parte por la ACLU, se centra en acusaciones de que los agentes recurrieron al perfilamiento racial para seleccionar a sus objetivos durante las redadas; los documentos judiciales hacen referencia a agentes que usaron insultos raciales para identificar a quiénes detener.

Contexto

Los teléfonos celulares personales, a diferencia de los dispositivos proporcionados por el gobierno, suelen contener comunicaciones informales, mensajes de texto y chats grupales que pueden revelar cómo se tomaron realmente las decisiones en el terreno, razón por la cual los demandantes insistieron específicamente en acceder a los teléfonos personales de los agentes en lugar de aceptar únicamente los registros oficiales. Por lo general, los tribunales otorgan a las partes demandadas del gobierno un plazo sustancial para cumplir con las órdenes de revelación de pruebas, por lo que una declaración de desacato y una multa diaria indican que la jueza considera que el ritmo de cuatro años es una demora deliberada y no una dificultad logística de buena fe. El caso es uno de varios en todo el país que ponen a prueba si los agentes federales de inmigración pueden ser responsabilizados civilmente por la forma en que eligen a quién interceptar y detener.

Qué significa esto

Para las personas que fueron interceptadas o detenidas durante las redadas de 2025 en Los Ángeles, el fallo por desacato mantiene vigentes sus denuncias por perfilamiento y aumenta la presión sobre DHS para que entregue la evidencia necesaria para probar o refutar las acusaciones, en lugar de permitir que el caso se estanque indefinidamente. Para los agentes de inmigración en general, es un recordatorio de que los dispositivos personales utilizados para comunicaciones laborales pueden convertirse en pruebas admisibles en litigios de derechos civiles. Para DHS, la multa diaria representa un costo económico moderado, pero la determinación de desacato en sí misma genera un registro público que podría ser citado en futuras supervisiones o litigios sobre la conducta de la agencia durante operativos de inmigración.

Qué hacer a continuación

Cualquier persona que considere que fue víctima de perfilamiento racial o malos tratos durante una redada de inmigración en 2025 en el área de Los Ángeles y que aún no se haya comunicado con el equipo legal de ACLU o de Public Counsel debe ponerse en contacto, ya que los testimonios adicionales podrían aportar información valiosa para el caso en general. Los abogados que lleven demandas similares por perfilamiento en otras jurisdicciones deberían seguir de cerca la disputa por la revelación de pruebas de este caso como un modelo para exigir la entrega de comunicaciones en dispositivos personales de los agentes, un terreno de disputa cada vez más común en los litigios sobre control migratorio.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de CalMatters; los datos y las citas son de la nota original.