Departamento de Justicia pide desestimar demandas de jueces de inmigración despedidos

Puntos clave

El Departamento de Justicia presentó mociones para desestimar las demandas interpuestas por jueces de inmigración que fueron destituidos de sus cargos y que aseguran que los despidos fueron discriminatorios, informó Newsweek.

Los tres jueces son Carla Espinoza, quien ejerció en Chicago y afirma que fue blanco de represalias debido a su apellido hispano y a su trabajo previo representando a inmigrantes; Kyra Lilien, quien se desempeñó en California y alega discriminación por motivos de edad, sexo y afiliación política; y George Pappas, de Massachusetts, quien señala su origen nacional griego y su labor de defensa legal.

El argumento del gobierno es estructural más que fáctico. Según el DOJ, los jueces de inmigración son funcionarios del poder ejecutivo, no miembros de un poder judicial independiente, y bajo el Artículo II el fiscal general puede destituirlos sin causa justificada. El departamento también sostiene que las demandas carecen de respaldo fáctico específico.

Los jueces responden que puestos como los suyos habitualmente pasan a ser permanentes tras un periodo de prueba de dos años, y señalan memorandos internos del departamento que, según afirman, muestran hostilidad hacia los jueces considerados comprensivos con los inmigrantes.

Más de 100 jueces de inmigración han sido destituidos desde enero de 2025. El fiscal general Blanche ha defendido las destituciones como una medida necesaria para mejorar la eficiencia y reducir el atraso acumulado de casos.

Contexto

Los tribunales de inmigración no forman parte del poder judicial. Pertenecen al Departamento de Justicia y los jueces que los integran son empleados de dicho departamento. Esta estructura ha generado críticas durante décadas, pero rara vez se ha puesto a prueba de manera tan directa como ahora.

La cuestión jurídica es puntual: ¿se pueden impugnar estos despidos en particular? La cuestión práctica es mucho más amplia. Si el fiscal general puede destituir jueces a voluntad, un juez que debe decidir si otorga asilo sabe que fallar en contra de la postura del gobierno implica un riesgo personal. Esa es precisamente la presión que la independencia judicial busca evitar.

Mientras tanto, las destituciones no han reducido el atraso acumulado. Menos jueces para atender el mismo volumen de casos significa esperas más largas, más reprogramaciones y más personas viviendo durante años sin una resolución.

Qué significa esto

Para cualquier persona con un caso en un tribunal de inmigración, esta disputa no es abstracta. La rotación de jueces es una de las causas más comunes de retraso: cuando un juez se va, sus casos asignados se redistribuyen y las audiencias con frecuencia se reprograman para meses o años después.

También afecta lo que se puede esperar en la sala de audiencias. La frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan alivios migratorios siempre ha variado considerablemente. Un tribunal presionado para acelerar los casos es un tribunal con menos paciencia ante aplazamientos, documentos faltantes y el tiempo que le toma a una persona sin representación legal explicar su situación.

Pasos a seguir

Verifique la fecha de su próxima audiencia directamente en lugar de confiar en la memoria o en una notificación que podría haber quedado desactualizada. Las fechas cambian, y faltar a una audiencia puede derivar en una orden de deportación emitida en su ausencia.

Si su audiencia se reprograma, aproveche el tiempo extra en lugar de perderlo: reúna pruebas sobre las condiciones de su país, historiales médicos y declaraciones de testigos. Si no tiene abogado, comuníquese ahora mismo con una organización de servicios legales sin fines de lucro; la espera para obtener representación gratuita es larga y sigue aumentando.

Fuente: Newsweek

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Newsweek; los datos y las citas son de la nota original.