Estados deben reportar indocumentados al DHS o perderán fondos contra la pobreza

Datos clave

El miércoles 2 de septiembre, la Office of Legal Counsel del Departamento de Justicia, la oficina que determina para el fiscal general lo que permite la ley federal, emitió una nueva opinión sobre lo que los estados deben al gobierno federal a cambio de fondos para combatir la pobreza.

La conclusión: cuando un estado acepta fondos federales para la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), asume la obligación de reportar ante el Department of Homeland Security a cualquier persona que sepa que se encuentra de manera irregular en Estados Unidos. Todos los estados del país reciben dinero a través de ambos programas.

La opinión modifica un criterio de 1998 del gobierno de Clinton que interpretaba la misma ley de forma mucho más restrictiva. Bajo la interpretación anterior, solo las agencias específicas que administraban TANF y SSI debían compartir información. Con el nuevo criterio, la obligación abarca a todas las agencias del gobierno estatal.

El departamento señaló que los estados no serán sancionados por no haber reportado en el pasado. De ahora en adelante, se exige el cumplimiento inmediato. Se espera que los estados gobernados por demócratas impugnen esta interpretación ante los tribunales, bajo el argumento de que el gobierno federal no puede utilizar los fondos de la red de protección social para obligar a abrir los archivos estatales.

Contexto

Conviene precisar a quiénes atienden estos programas. TANF es una ayuda en efectivo para familias con hijos de muy bajos ingresos. SSI se destina a personas adultas mayores, ciegas o con discapacidad que casi no perciben ingresos. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para ninguno de los dos.

Por lo tanto, las personas afectadas pertenecen en su mayoría a hogares con estatus mixto: un padre o madre sin estatus legal que solicita la ayuda para un hijo ciudadano estadounidense, o una familia que cuida a un pariente ciudadano con discapacidad. Para solicitar estos beneficios, se debe declarar quién vive en la vivienda y cuáles son los ingresos del hogar. La nueva opinión abre la posibilidad de que esta información llegue al DHS.

Hay un aspecto legal importante en este caso. Una opinión de la OLC no es una ley ni un reglamento. Solo obliga a los propios abogados del poder ejecutivo. No vincula a un juez federal y puede desestimarse si un tribunal determina que la ley en cuestión no establece lo que sostiene el departamento.

Qué significa esto

Solicitar un beneficio al que un hijo ciudadano tiene derecho legal puede implicar ahora un riesgo que no existía hace una semana. La magnitud del riesgo depende en gran medida del lugar de residencia: es probable que los estados que ya se han resistido a las exigencias federales de compartir información rechacen también esta medida, y sus fiscales generales ya han recurrido a la justicia ante órdenes similares.

La medida surge también tres semanas antes de que entre en vigor la nueva regla de carga pública del DHS el 18 de septiembre. Se trata de dos políticas independientes, pero que avanzan en el mismo sentido: hacer más visible y con mayores consecuencias el uso de beneficios públicos por parte de cualquier integrante de un hogar de inmigrantes.

Qué hacer ahora

No dé de baja a un hijo ciudadano de los beneficios en un momento de alarma sin antes recibir asesoría legal. Perder la ayuda alimentaria o en efectivo representa un daño seguro; el riesgo de ser reportado es real, pero aún está por definirse en los tribunales y varía según el estado.

Pregunte de manera directa a la agencia de beneficios de su estado qué información comparte con las autoridades federales de inmigración y bajo qué circunstancias. Comuníquese con una organización sin fines de lucro proveedora de servicios legales de inmigración en su estado antes de presentar una nueva solicitud. Además, preste atención a las demandas de los fiscales generales estatales: es muy probable que la validez de esta opinión se dispute en las cortes antes de que se aplique por completo.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de NBC News; los datos y las citas son de la nota original.