Una jueza de inmigración despedida demanda al DOJ por represalia

Datos clave

Una exjueza de inmigración de San Francisco, Chloe Dillon, presentó el 10 de septiembre de 2026 una demanda federal contra el Departamento de Justicia (DOJ) por su despido.

Dillon fue nombrada jueza de inmigración en 2022. Según su demanda, fue destituida en agosto de 2025 mediante un correo electrónico enviado por el director interino de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

El despido llegó unas 48 horas después de que ella planteara a un supervisor sus preocupaciones por la detención de un menor no acompañado que había comparecido en su sala.

En la demanda, Dillon afirma que alertó sobre varias instrucciones que, a su juicio, violaban el debido proceso: la orden de aprobar de forma automática las solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para trasladar casos fuera de San Francisco; la reapertura masiva de casos que estaban cerrados administrativamente, incluidos casos de menores no acompañados; los arrestos de ICE dentro del edificio de la corte; y posibles irregularidades en los procesos de deportación acelerada.

La demanda alega violaciones a la Ley de Protección al Denunciante y a los derechos civiles de Dillon.

El DOJ calificó las acusaciones de "patentemente falsas" y dijo que está restaurando la integridad de las cortes de inmigración.

Desde el inicio del actual gobierno han sido despedidos 14 jueces de inmigración de San Francisco. Dillon es la primera que demanda por su destitución. La corte de inmigración de San Francisco cerró este mismo mes.

Contexto

Para entender por qué esto importa, hay que saber cómo funcionan estas cortes.

Los jueces de inmigración no forman parte del poder judicial independiente. Son empleados del DOJ, que es parte del gobierno. El mismo gobierno que pide la deportación de una persona emplea al juez que decide su caso.

Un "denunciante", o "whistleblower" en inglés, es un empleado público que reporta lo que considera una irregularidad dentro de su propia agencia. La ley federal prohíbe castigarlo por hacerlo. Esa es la protección que Dillon dice que se violó.

"Cerrar administrativamente" un caso significa sacarlo del calendario de la corte sin resolverlo. Muchas familias llevaban años con sus casos en esa situación, trabajando y viviendo con tranquilidad. Reabrirlos en bloque devuelve a miles de personas al riesgo de deportación.

Qué significa esto

Para usted, lo relevante no es el conflicto laboral, sino lo que la demanda describe sobre las reglas del juego en la corte.

Si su caso estaba cerrado administrativamente, puede ser reabierto. Eso no siempre llega con aviso claro, y es una de las razones por las que conviene revisar el estado de su caso aunque usted crea que ya no hay nada pendiente.

Si su caso fue trasladado a otra ciudad, eso cambia al juez, cambia las reglas de práctica locales y a veces cambia mucho sus posibilidades. Un traslado no es un trámite menor.

Y si la corte de su ciudad cierra o se reorganiza, sus audiencias pueden cambiar de lugar o de fecha. El aviso llega por correo a la dirección que la corte tiene registrada.

Qué hacer ahora

Revise el estado de su caso en el sistema de información automatizada de la EOIR, con su número de registro de extranjero. Hágalo cada cierto tiempo, no solo cuando espere noticias.

Si su caso estaba cerrado administrativamente, consulte con un abogado ahora y no cuando llegue una notificación.

Mantenga su dirección al día ante la corte con el formulario EOIR-33 cada vez que se mude. Es la causa más común de las órdenes de deportación dictadas en ausencia.

Si su caso fue trasladado a otra corte, confirme con su abogado qué juez lo tiene y si conviene pedir el cambio de vuelta.

Si tiene que ir a la corte, vaya acompañado si puede, y tenga a la mano el teléfono de su abogado y de un familiar de confianza.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de NBC Bay Area; los datos y las citas son de la nota original.