Una jueza federal anula el veto a inmigrantes en Head Start
La jueza federal Mary McElroy declaró ilegal la directiva de 2025 que cerraba Head Start, las clínicas comunitarias y la educación para adultos a personas sin papeles y a beneficiarios de TPS y DACA. El bloqueo ahora es permanente.
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Datos clave
La jueza federal Mary McElroy, de un tribunal federal en Rhode Island, anuló el lunes 21 de septiembre una directiva del gobierno que cerraba varios programas sociales a las personas sin estatus migratorio.
La directiva es de julio de 2025. Reclasificaba una lista amplia de programas pagados con dinero federal para dejarlos fuera del alcance de quienes la ley llama extranjeros no calificados.
Entre esos programas están Head Start, el preescolar gratuito para familias de bajos ingresos; las clínicas comunitarias de salud; y los programas de educación para adultos.
El grupo excluido incluía a personas sin papeles, a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), a beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a algunas personas con visa de trabajo.
La jueza declaró la directiva ilegal y procesalmente inválida. El gobierno cambió casi treinta años de política federal sin pasar por el trámite de aviso y comentario público que exige la ley.
McElroy ya había frenado la directiva de forma temporal el año pasado. Con esta decisión, el bloqueo queda permanente. La directiva nunca llegó a aplicarse en la práctica.
La demanda la presentaron los fiscales generales de 20 estados y del Distrito de Columbia. Además, un juez federal en el estado de Washington había dictado un bloqueo de alcance nacional en septiembre de 2025.
La jueza fue nombrada por el presidente Trump en 2019.
Contexto
La ley de 1996 que el gobierno invocó separa a los inmigrantes entre calificados y no calificados para efectos de ciertos beneficios públicos. Durante décadas, los programas de esta lista se entendieron como servicios comunitarios abiertos a todos, sin revisión de estatus migratorio.
Head Start, por ejemplo, nunca preguntó por el estatus de la familia. Tampoco lo hacen los centros de salud comunitarios, que atienden a cualquiera que llegue a la puerta.
La decisión no dice que el gobierno no pueda cambiar esa política nunca. Dice que no puede hacerlo por medio de un memorando. Si quiere intentarlo otra vez, tiene que publicar una propuesta formal, recibir comentarios del público y responderlos.
Qué significa esto
En la práctica, hoy no cambia nada respecto a la semana pasada, porque la directiva nunca entró en vigor. Lo que cambia es la certeza.
Muchas familias dejaron de llevar a sus hijos a Head Start o de ir a la clínica comunitaria por miedo, aun cuando el bloqueo estaba vigente. Ese miedo tuvo un costo real: niños que perdieron un año de preescolar y adultos que dejaron de atender enfermedades crónicas.
La decisión también deja un mensaje más amplio. Los cambios de política que se hacen por memorando, sin trámite público, están siendo anulados en los tribunales uno tras otro.
Qué hacer ahora
Si dejó de mandar a su hijo a Head Start por esta regla, puede volver a inscribirlo. El programa no exige estatus migratorio.
Si necesita atención médica, los centros de salud comunitarios siguen atendiendo sin preguntar por el estatus.
Guarde los comprobantes de inscripción y de las citas médicas. Si más adelante el gobierno intenta la regla de nuevo por la vía correcta, tener su historial en orden le ayuda.
Esté atento al Registro Federal. Si aparece una propuesta sobre estos programas, cualquier persona puede enviar un comentario, y esos comentarios cuentan dentro del trámite.
Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Bangor Daily News; los datos y las citas son de la nota original.