Un juez prohíbe al DOJ condicionar fondos policiales a la cooperación migratoria

Datos clave

El juez federal John McConnell, presidente del tribunal federal de Rhode Island, falló el miércoles 4 de noviembre a favor de un grupo de estados que demandaron al Departamento de Justicia (DOJ).

La decisión prohíbe de forma permanente que el gobierno federal les aplique ciertas condiciones migratorias para entregarles dinero de seguridad pública.

La demanda la encabezó la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, junto con 21 estados más y el Distrito de Columbia.

Los fondos en disputa son tres. El principal es el programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, conocido como Byrne JAG, que paga policía, fiscales y programas de prevención del delito. También están los fondos de intervención en crisis, para salud mental y prevención de la violencia, y los programas de justicia juvenil.

Las condiciones que el DOJ había impuesto exigían tres cosas a quien recibiera el dinero. Primero, dar a las autoridades migratorias federales acceso a las personas bajo custodia estatal sospechosas de faltas migratorias. Segundo, avisar a los oficiales federales antes de liberarlas. Tercero, cumplir requisitos sobre entrega de información migratoria.

Los estados argumentaron que el Congreso fijó las fórmulas y los requisitos de estos fondos sin autorizar al DOJ a sumarles condiciones de cooperación migratoria. El tribunal les dio la razón y concluyó que el DOJ se excedió en su autoridad. Los estados también sostuvieron que las condiciones no tenían relación con los fines que el Congreso definió y que los obligaban a elegir entre el dinero federal y sus propias leyes.

Para dar una idea del tamaño, Nueva Jersey recibió cerca de 4.2 millones de dólares en fondos Byrne en el año fiscal 2025 y unos 2.7 millones de dólares por el programa de intervención en crisis.

Contexto

Esta pelea se repite desde hace años. El gobierno federal intenta usar el dinero que entrega a los estados como palanca para que su policía local colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los estados que no quieren hacerlo responden en los tribunales.

En 2025 la administración puso condiciones migratorias a más de 1,300 millones de dólares de fondos para víctimas del delito, y las retiró después de que varios estados demandaron.

Davenport dijo que seguirán peleando contra las acciones del gobierno que, según ella, ponen la política por encima de la seguridad pública.

Qué significa esto

Si usted vive en uno de los estados que demandaron, este fallo refuerza algo concreto. La policía de su ciudad no pierde fondos federales por no entregar información migratoria ni por no avisar a ICE antes de liberar a alguien.

Eso no cambia lo que ICE puede hacer por su cuenta. ICE sigue operando en todo el país, con o sin ayuda local. Lo que el fallo quita es una presión económica sobre los estados que decidieron no participar.

Tampoco es una regla nacional. La protección alcanza a los estados que fueron parte de la demanda.

Qué hacer ahora

Averigüe si su estado y su condado tienen un acuerdo 287(g), el convenio que permite a la policía local actuar en tareas migratorias. Un fallo como este no cancela esos acuerdos.

No suponga que la policía local no comparte información. Pregunte en una organización de su zona cuál es la política real de su departamento.

Y recuerde la diferencia que más importa en la puerta de su casa. Una orden judicial firmada por un juez no es lo mismo que una orden administrativa de ICE, y usted puede pedir verla por debajo de la puerta antes de abrir.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Jersey Vindicator; los datos y las citas son de la nota original.