DHS propone cobrar 103,265 dólares por cada visa H-1B nueva

Datos clave

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso cobrar 103,265 dólares por cada petición de visa H-1B que entre al sorteo anual. La propuesta se publicó el 25 de agosto de 2026 bajo el expediente USCIS-2026-0298.

La tarifa se sumaría a todas las que ya existen. Se aplicaría tanto a las peticiones del cupo general de 65,000 visas como a las 20,000 reservadas para personas con maestría o doctorado obtenido en Estados Unidos. Tener un título avanzado no libra del cobro.

Quedarían exentas las peticiones que no entran al sorteo: las de universidades, las de organizaciones sin fines de lucro afiliadas a ellas y las de centros de investigación sin fines de lucro o del gobierno. Tampoco se cobraría en extensiones, correcciones ni traslados de trabajadores que ya pasaron por el sorteo.

El DHS calcula que recaudaría cerca de 8,780 millones de dólares al año, suponiendo 85,000 peticiones. Cerca de una tercera parte iría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y otra tercera parte a las cortes de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ). El resto se repartiría entre el Departamento de Trabajo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El plazo para enviar comentarios del público cierra el 24 de septiembre de 2026. Esto es una propuesta: no está en vigor y todavía falta la regla final.

Contexto

La H-1B es la visa principal para contratar a un trabajador extranjero en un puesto que exige título profesional. Cada año hay muchas más peticiones que visas disponibles, así que se hace un sorteo.

Hay un antecedente que importa. En 2025 una proclamación presidencial impuso un pago de 100,000 dólares ligado a estas visas. Un juez federal la anuló por considerarla un impuesto creado sin autorización del Congreso. La propuesta actual reconoce que se acerca a esa misma cifra, pero llega por la vía de una regla administrativa en lugar de una proclamación.

Un empleador que quedara sujeto a ambos cobros pagaría más de 200,000 dólares en tarifas de gobierno por una sola petición.

Qué significa esto

La tarifa la paga el empleador, no el trabajador. Pero el efecto real cae sobre el trabajador.

Con este monto, patrocinar deja de ser una decisión de recursos humanos y pasa a ser una inversión mayor. Las empresas grandes pueden absorberla. Un hospital rural, una escuela pequeña o una constructora, casi no. El resultado probable no es que se pague más por el mismo trabajador, sino que se patrocine a menos personas y solo en los puestos mejor pagados.

Las universidades y los centros de investigación quedan fuera del cobro, así que ese camino se vuelve comparativamente más atractivo.

Qué hacer ahora

Si le importa esta regla, usted puede comentar. Cualquier persona puede hacerlo, sin ser abogado y sin ser ciudadano. Los comentarios se envían en el portal regulations.gov citando el expediente USCIS-2026-0298, y el plazo cierra el 24 de septiembre. La agencia está obligada a responder a los planteamientos de fondo, y esos comentarios suelen ser la base de futuras demandas.

Si su empleador piensa patrocinarlo en el próximo sorteo, pregunte ahora cómo lo afectaría este costo y si la empresa tiene otro plan.

Si usted trabaja en una universidad o en un centro de investigación sin fines de lucro, revise si su puesto es de los que no entran al sorteo.

Desconfíe de quien le ofrezca "asegurar" un lugar en el sorteo o adelantar su petición a cambio de dinero. No existe esa opción.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Reddy Neumann Brown PC; los datos y las citas son de la nota original.