Jueza declara en desacato al fiscal general y al jefe del DHS

Datos clave

El lunes 26 de octubre, la jueza federal J. Maureen Kelly, del tribunal federal del Distrito Oeste de Pensilvania, declaró en desacato civil a tres funcionarios del gobierno: el fiscal general Todd Blanche; el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; y John Rife, director de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Filadelfia.

El caso es el de Nain Vasquez Gonzalez. Él pasó más de tres años detenido por inmigración. La corte de apelaciones del Tercer Circuito concluyó que esa detención se había vuelto inconstitucionalmente larga, y un tribunal ordenó su liberación.

Unos dos meses después de salir, el 26 de junio, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo volvieron a arrestar, a pesar de la orden que exigía dejarlo libre. Estuvo unas once horas detenido antes de ser liberado otra vez. La jueza calificó ese arresto como no autorizado y contrario a la ley.

El gobierno explicó en sus escritos que los agentes andaban buscando objetivos durante una ola nacional de operativos y creyeron que Vasquez Gonzalez se parecía a uno de ellos.

Lo que más pesó en la decisión fue lo que vino después del arresto. Los funcionarios no identificaron a tiempo al agente que lo detuvo. No entregaron el video de las cámaras corporales que la jueza había ordenado; un agente dijo que su cámara no tenía batería cargada. Las explicaciones no coincidían entre sí, y algunas declaraciones juradas venían de personas que no parecían tener conocimiento directo de los hechos.

La jueza escribió que esa conducta refleja o un esfuerzo deliberado por esconder el arresto, o una incapacidad para llevar registros, operar equipos y cumplir indicaciones de un tribunal. Como sanción, los funcionarios deben pagar los honorarios de abogado y los costos de Vasquez Gonzalez.

Contexto

El desacato civil no es una condena penal. Es una herramienta que usa un juez para obligar a cumplir una orden y para compensar a quien resultó perjudicado. Nadie va a la cárcel por esto, y la sanción aquí es dinero.

Aun así, no es común. Un juez acaba de poner el nombre del fiscal general de Estados Unidos y el del secretario de Seguridad Nacional en una orden de desacato por un solo arresto de once horas.

Conviene entender la diferencia entre dos papeles que se parecen y no son lo mismo. Una orden judicial firmada por un juez obliga al gobierno y obliga también a los particulares; una orden administrativa de ICE la firma la propia agencia y no da permiso para entrar a una casa. Lo que el gobierno desobedeció aquí fue una orden judicial.

Qué significa esto

Para una familia, la parte útil de este fallo es simple: una orden de un juez no se cumple sola. Hubo que volver al tribunal, documentarlo y pelearlo, y recién entonces hubo consecuencias.

Y deja un dato que vale guardar: en una ola de operativos, los agentes arrestan por parecido físico. Eso le puede pasar a cualquiera, incluso a quien tiene una orden judicial de liberación en la mano.

Qué hacer ahora

Si un juez ordenó su liberación o la de un familiar, pida copia de esa orden y tráigala consigo, en papel y en el teléfono.

Si lo arrestan de todos modos, pida de inmediato que llamen a su abogado y diga en voz alta que existe una orden judicial a su favor. Anote la hora, el lugar, los nombres y los números de placa que alcance a ver.

Pida por escrito el video de cámara corporal. Hágalo pronto, porque esos archivos se borran con el tiempo.

Si usted ya no tiene abogado, busque una organización de ayuda legal gratuita en su ciudad. Un incumplimiento documentado de una orden judicial es justo el tipo de caso que esas organizaciones toman.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de African American News and Issues; los datos y las citas son de la nota original.