La BIA impone diez años sin beneficios tras incumplir la salida voluntaria

Datos clave

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) publicó el 5 de noviembre de 2026 una decisión que sienta precedente para todo el país. Se llama Matter of Ontiveros-Diaz.

La BIA decidió dos cosas. Primero, que incumplir un acuerdo de salida voluntaria deja a la persona sin acceso a ciertos beneficios migratorios por diez años. Segundo, que presentar una moción para reabrir el caso con pruebas nuevas no borra las consecuencias de no haberse ido.

La salida voluntaria es un permiso que da un juez de inmigración para irse del país por cuenta propia en un plazo fijo, y así evitar una orden de deportación en el expediente.

En este caso, la BIA le había reinstalado al señor Ontiveros-Diaz la salida voluntaria por 60 días, con fecha límite del 3 de junio de 2025. Él no salió. El 17 de junio de 2025, dos semanas después del plazo, presentó una moción para reabrir su caso con pruebas nuevas.

La ley dice que quien no sale dentro del plazo queda inelegible por diez años para recibir cualquier otro alivio, incluida la cancelación de deportación. La cancelación de deportación es el beneficio que permite a algunas personas con muchos años en el país quedarse si un familiar cercano sufriría un daño extraordinario.

Contexto

Aquí está el detalle que decide todo, y es una cuestión de días.

Si la moción para reabrir se presenta antes de que venza el plazo de salida voluntaria, el permiso de salida voluntaria queda automáticamente cancelado y con él desaparecen las consecuencias por no haberse ido.

Si se presenta después, no tiene ningún efecto sobre ese plazo. La persona ya incumplió y el castigo de diez años corre.

El señor Ontiveros-Diaz presentó su moción dentro del plazo general de 90 días que la ley da para reabrir un caso. Pero ese plazo de 90 días es independiente de la fecha de salida voluntaria, y él la había pasado. Esa es la trampa.

Existe una excepción. No hay incumplimiento voluntario cuando la persona, sin culpa alguna, no se enteró de la orden o estuvo físicamente impedida de salir. Él no alegó ni probó nada de eso.

La decisión lleva además un aviso. Quien se niega a salir de forma deliberada estando bajo una orden final de deportación puede enfrentar una multa civil de hasta 998 dólares por cada día de incumplimiento.

Qué significa esto

Mucha gente acepta la salida voluntaria pensando que es la opción suave. En parte lo es, porque evita una orden de deportación. Pero es un acuerdo, y un acuerdo que no se cumple tiene precio.

El precio son diez años sin poder pedir la cancelación de deportación, el ajuste de estatus ni otros alivios. Para alguien con hijos ciudadanos y veinte años en el país, diez años es casi todo.

Esta decisión no cambia la ley. Cierra una interpretación que algunos abogados defendían: que volver a pedir un beneficio ya solicitado no contaba como pedir un alivio nuevo. La BIA dijo que sí cuenta.

La BIA negó la moción también porque las pruebas nuevas eran parecidas a las que el juez ya había visto.

Qué hacer ahora

Si un juez le concedió salida voluntaria, anote la fecha exacta y trátela como el plazo más importante de su caso.

Si está pensando en pedir que reabran su caso, hágalo antes de que venza esa fecha. Un día antes y un día después no son lo mismo: cambian el resultado de su vida por diez años.

Si no pudo salir por algo fuera de su control, reúna pruebas desde ahora. Informes médicos, el aviso que nunca llegó, la negativa de un consulado a darle un pasaporte. Eso es lo que sostiene la excepción.

Y hable con un abogado de inmigración acreditado, no con un notario. Esta es una decisión de calendario, y una mala fecha no se corrige.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA); los datos y las citas son de la nota original.