El DOJ demanda a Washington D.C., Hawái, Arkansas y Utah por matrículas

Datos clave

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el 10 de septiembre de 2026 una demanda contra la Universidad del Distrito de Columbia por cobrar matrícula estatal, que es la tarifa reducida para residentes locales, a estudiantes sin papeles.

Ese mismo día presentó demandas parecidas contra Hawái, Arkansas y Utah por sus leyes de matrícula y ayuda económica.

En el caso de Washington D.C., los demandados son el Distrito, la junta directiva de la universidad y Antoinette Mitchell, superintendente estatal de educación.

El DOJ sostiene que la ley federal no permite dar un beneficio educativo a inmigrantes sin papeles si ese mismo beneficio se le niega a un ciudadano estadounidense que vive en otro estado. Añade que, para extender un beneficio público a personas sin estatus migratorio, un estado debe aprobar una ley que lo diga de manera expresa, y que en Washington D.C. no existe esa ley.

Según la demanda, la diferencia entre la matrícula local y la de fuera del estado supera los 4,000 dólares por semestre.

El gobierno pide una orden permanente que impida otorgar becas y ayuda económica a estudiantes sin estatus migratorio.

Ni la universidad ni Mitchell respondieron a la solicitud de comentarios del medio que reportó el caso.

Contexto

La matrícula estatal es el precio reducido que una universidad pública cobra a quien vive en ese estado. La diferencia con el precio de fuera del estado suele ser de miles de dólares al año. Para muchas familias es la diferencia entre estudiar y no estudiar.

Durante años, más de veinte estados permitieron que los jóvenes graduados de una preparatoria local pagaran ese precio reducido, sin importar su estatus migratorio. Muchos de esos jóvenes llegaron de niños y no conocen otro país.

Desde 2025 el gobierno federal empezó a demandar a esos estados uno por uno. Según el recuento de la publicación Inside Higher Ed, ya son más de veinte los estados con demandas de este tipo, y en cinco de ellos el beneficio terminó, sea por acuerdo con el gobierno o por un cambio de ley. Esa misma publicación calcula que más de 120,000 estudiantes ya perdieron el acceso y que más de 218,000 podrían perderlo si prosperan los casos pendientes.

Qué significa esto

Una demanda no cambia el precio de su matrícula mañana. Los casos tardan meses y varios estados están peleando.

Pero el patrón de los últimos meses es claro. Algunos estados no llegaron a juicio: negociaron con el gobierno federal y aceptaron eliminar el beneficio. Por eso la señal más importante para una familia no es lo que diga el DOJ, sino lo que haga su propio estado.

Si el beneficio termina donde usted vive, el efecto no siempre es inmediato para quien ya está inscrito. En algunos lugares el cambio se aplicó hasta el siguiente semestre o el siguiente año escolar.

Qué hacer ahora

Llame a la oficina de ayuda financiera de su universidad y pregunte de forma directa si hay un caso contra su estado y qué pasaría con su tarifa si el estado pierde o negocia.

Pida por escrito la confirmación de la tarifa que le aplicaron este semestre y guárdela.

Busque becas privadas, que no dependen de reglas estatales ni del estatus migratorio. Varias organizaciones nacionales dan becas a estudiantes sin papeles.

Si está por inscribirse, compare el costo en más de una institución, incluidos los colegios comunitarios, antes de comprometerse con una deuda.

Y hable con un abogado de inmigración antes de llenar cualquier formulario que le pida declarar su estatus migratorio. Una respuesta apresurada en un papel puede complicar un caso futuro.

Diario Migrante resume y analiza la cobertura de WTOP News; los datos y las citas son de la nota original.